La convocatoria del Ejecutivo provincial a los principales dirigentes y legisladores del Partido Justicialista (PJ) busca transformarse en un punto de inflexión que intente torcer el tortuoso sendero en el que se ha convertido Portezuelo del Viento.
Una iniciativa que generó tantas esperanzas como incertidumbre sobre su futuro; en especial por la férrea oposición de La Pampa, así como la zigzagueante conducta de la Casa Rosada, que tras la salida de Mauricio Macri y la llegada de Alberto Fernández parece haber cambiado su mirada sobre la represa.
Paradójicamente, los desembolsos previstos para la obra hasta la totalización de 1.023 millones de dólares han seguido llegado con regularidad y acumulándose en una cuenta especial, pero por estos días no hay ningún indicio que anime a pensar que efectivamente, ese dinero se pueda usar para construir Portezuelo.
Es que han sido uno tras otro los reveses que ha recibido Mendoza en los últimos dos años, y el más reciente al comienzo de 2022 cuando se esperaba un laudo presidencial que destrabara el conflicto generado hacia el interior del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) donde el cambio de autoridades nacionales y provinciales en los estados miembros favoreció revisar decisiones ya tomadas, en especial, los estudios ambientales que se habían presentado y que avalaban la construcción de la presa.
La escueta comunicación del ministro Eduardo Wado De Pedro sobre que a la Nación “no le constaba” que efectivamente Mendoza hubiera pedido el laudo presidencial como respuesta a una nota de pronto despacho con la que Rodolfo Suarez intentó forzar alguna definición, no sólo generó enojo y abrió más polémica, sino que dio cuenta que el apuro de Mendoza, de ninguna manera es de la Presidencia.
Por ello, y activadas ya todas las alarmas, en especial de Malargüe y los sectores empresarios que han apostado a que Portezuelo sea un dinamizador fenomenal de la obra pública, la provisión de insumos que generan mano de obra y la reactivación económica tras la recesión y la pandemia, el cónclave entre el gobernador y el principal partido de oposición (que a su vez se referencia con el presidente a nivel nacional) tiene otras características.
No sólo porque supone una saludable recuperación del diálogo político, escaso y cortante antes y después de las últimas elecciones, sino porque también reflota la idea de intereses superiores de la provincia en el cual pueda haber coincidencias más allá de la disputa de poder. Políticas de estado que no abundan aunque se declamen.
Habrá que ver si esto es así, en virtud de las diferentes opiniones que sobre Portezuelo han expresado distintos dirigentes del PJ. Y si es cierta la idea de generar alrededor de la obra un paraguas protector que desde la política sea capaz de torcer algún rumbo que todos imaginan poco alentador en Buenos Aires.
La pregunta que queda sin responder es si efectivamente estos gestos, por más concordia que oficialistas y opositores puedan hacer aquí serán suficientes para convencer con sus argumentos técnicos y políticos a que Fernández laude a favor de Mendoza. Y con ello, como quiere Mendoza, poder finalmente adjudicar la obra cuyo fondeo, en dólares, se viene completando de manera trimestral, sin atrasos ni inconvenientes.
O si, por el contrario, debe darse por caída la licitación ya en marcha y abocarse con esa caja a la concreción de “otras obras de generación hidroeléctrica” como indica el convenio firmado entre las partes y que ello no suponga una nueva oposición pampeana. Con lo que el objetivo de invertir ese dinero en la economía local también podría cumplirse aunque la presa se transforme en anécdota.
Blindaje político por un lado, pero también solidez que contribuya a generar seguridad jurídica por el otro, son los principales objetivos de una cumbre que más allá de las fotos, los gestos y las declaraciones parece ser el último gran intento para que -finalmente- Portezuelo del Viento pueda concretarse. De lo contrario, todo será barajar y dar de nuevo. Con fondeo pero sin proyectos.