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Roll over, o la ceguera del desencuentro 

Una vez más como sucedió en 2021, Rodolfo Suarez fuerza la interpretación de una ley a fin de imponer su ingeniería electoral (como fue aquella vez); o como es ahora, la obtención de herramientas de gestión que la férrea oposición del peronismo le niega

30/12/2022 10:47
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Una vez más como sucedió en 2021, Rodolfo Suarez fuerza la interpretación de una ley a fin de imponer su ingeniería electoral (como fue aquella vez); o como es ahora, la obtención de herramientas de gestión que la férrea oposición del peronismo le niega. En aquella oportunidad fue la posibilidad de ser incluido como suplente en la lista de candidatos al Senado Nacional a fin de potenciar las chances del oficialismo. Ahora, el gobernador busca una alternativa para refinanciar deuda provincial eludiendo la autorización legislativa, en lo que se conoce como roll over

Y si bien en aquella ocasión la Justicia terminó dándole la razón y por ende habilitando su postulación nacional, el panorama ahora aparece como distinto, a pesar que esta semana se conoció el decreto provincial con el que Suárez pretende legalizar la toma de nueva deuda en pesos para cumplir con el pago de compromisos anteriores de la Provincia que fueron tomados en dólares por un total de U$S 81 millones y medio. 

El Ejecutivo entiende que tal como indica la ley 8.706 de Administración Financiera (o la lectura que de ella hacen) están consiguiendo mejores condiciones para el cumplimiento de las obligaciones pues deberá pagar menos y cambiará deuda en dólares por deuda en pesos. Y que esto, en definitiva, significa un ahorro para las cuentas públicas de Mendoza, como indica en el artículo 68.

En la ceguera del desencuentro continuo, la política pierde sentido y el bien común es sólo una frase hecha que de tanto repetirse, diluye su trascendencia.  

 

Pero la oposición, por el contrario, entiende que la operatoria es anticonstitucional pues toda deuda nueva debe ser autorizada exclusivamente por dos tercios de la Legislatura, que hoy por hoy sólo se alcanzan con el voto peronista, y no con un simple decreto del gobernador. 

Pero además Suarez tiene el rechazo previo y adicional nada menos que del fiscal de Estado, Fernando Simón, quien al ser consultado sobre la posibilidad del roll over por decreto, reconoció las bondades de la estrategia oficial para el patrimonio provincial, pero aún así estimó que no puede llevarse a la práctica sin el acuerdo legislativo que establece la Constitución. 

Como se ve una vez más, se trata de dos interpretaciones distintas de un mismo problema que la falta de diálogo primero y luego de acuerdo político parece empantanar y lo que es peor aún: judicializar. Las amenazas contra el decreto de Suarez prometen desatar una batalla judicial mucho más larga que los plazos establecidos para el pago a los acreedores, cuyos primeros vencimientos son en tres meses, en marzo de 2023

Mientras el oficialismo se queja de la poca predisposición para aprobar endeudamiento, roll over (mecanismo que el resto de las provincias y hasta el Estado nacional utilizan con asiduidad) como en este caso, nueva deuda en condiciones más convenientes para pagar deuda vieja en dólares, la oposición reclama (incluso desde la época de Alfredo Cornejo) por el nivel de compromisos asumidos en los últimos años y pone alertas sobre la capacidad de pago de la Provincia. 

En esa encerrona sobre quién hace valer su poderío, o cómo mejor se sostienen sus argumentos en el debate público, pero seguramente también en los procesos judiciales que se derivarán de ahora más, la política se encapsula en vez de buscar aquello que resulte mejor para los intereses de Mendoza. Y avanzar en esa dirección. 

Difícilmente los acuerdos a los que no se arribaron antes puedan concretarse ahora. Mucho menos en el inicio de un año electoral en el que cada cual defiende su parcela en pos de ganar la guerra santa que redefina las relaciones de poder por los próximos cuatro años. Nada de lo que no sucedió antes podrá suceder ahora, y en esa fatal confirmación de la imposibilidad, y hasta que la Justicia deje firme una interpretación final sobre la controversia, podrá concluir la gestión y es posible que la escena se repita al final del próximo ejercicio, pues los vencimientos seguirán sucediéndose.  

En la ceguera del desencuentro continuo, la política pierde sentido y el bien común es sólo una frase hecha que de tanto repetirse, diluye su trascendencia.  

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