Por Roberto Follari, Especial para Jornada
Pero pronto mostró que la concentración del poder podía mantenerse casi como en los gobiernos dictatoriales: la pretensión de meter en la Corte Suprema dos miembros por un DNU demostró, más que audacia, una clara decisión de dejar de lado los controles parlamentarios.
Algo parecido se empieza a vislumbrar en el presente. Un gobierno que no tiene gobernadores ni intendentes propios, con clara minoría parlamentaria, cuenta con el decidido apoyo de la mayoría del PRO -no de todos sus miembros-, y con la simpatía de un sector del radicalismo (De Loredo lo muestra ampliamente). Eso no alcanza para gobernar con holgura. Pero es cierto que el stablishment empresarial y financiero apoya decididamente la quita de prestaciones a los trabajadores: los medios de comunicación hegemónicos se pliegan con entusiasmo, si bien no pueden disimular la fuerte suba inflacionaria de las últimas tres semanas.
No es un gobierno fuerte el que encabeza Milei. Pero ha decidido comportarse como si lo fuera. Nadie puede discutir su legitimidad para gobernar: sí es muy problemático que lo haga de espaldas al Congreso, con un DNU que nunca fue “uno” sino que es cientos de decretos presentados como si fuera uno, y que no logra justificar necesidad ni urgencia ni ausencia del Congreso.
Y se completa con una elefantiásica “ley ómnibus” que, al igual que el DNU, parece escrita en un raro “copie y pegue” por diversos buffets de abogados, ligado cada uno de ellos a alguna empresa nacional o multinacional. La pretensión de obligar a personas a justificar cualquier reunión de más de tres personas en la vía pública -un dislate policíaco sin pies ni cabeza, que con su estilo Bullrich no supo explicar- o la de que se le otorgue a Milei la suma del poder público sin justificación alguna, son de los asuntos que deberán discutirse en el Congreso.
La discusión legislativa lleva su tiempo: argumentos, contraargumentos, advertencia de normas que se derogan con las nuevas que vayan a imponerse. No se hacen en un shock. La impaciencia presidencial llevó a Milei a decir que los legisladores demoran “porque quieren coimas”, una declaración que le ha valido el inicio de acciones judiciales y peticiones en el Congreso.
Hasta el DNU se metió adentro de la ley ómnibus, para ver si se lo puede obviar. Pero no hay modo de evitar que semejante conjunto de medidas pasen por la discusión del Congreso, y sean también analizadas por un poder judicial que no se advierte demasiado atento. Hay decenas de presentaciones judiciales contra el DNU, pero la Corte permite que el mismo esté vigente a pesar de la presunción de inconstitucionalidad, porque sus miembros tratarán el asunto después de vacaciones y feria judicial.
La doctrina del shock lanzada por Milei y el Círculo Rojo, pretende dos cosas: 1.Justificar las medidas extremas por lo mal que se habría estado al fin del gobierno anterior; 2.Tomar medidas a toda velocidad, de modo que para cuando la población reaccione a lo que la perjudica, ya sea tarde para oponerse.
Sobre lo mal que se estaba, declaraciones como la de que “estamos ante el 15.000% anual de inflación” resultan casi grotescas. La inflación con el gobierno anterior estuvo alrededor del 160% anual, es decir, es ¡¡cien veces!! menos que la que se apunta. Y es cierto que el actual gobierno ha duplicado en diciembre esa inflación (casi 30% en un solo mes), pero tampoco llega ni remotamente a esos extremos. Se teatraliza, se exagera sobre un supuesto apocalipsis del que se nos estaría salvando, para así eliminar subsidios, congelar salarios, subir tarifas, quitar una fórmula de aumento a las jubilaciones, y así sucesivamente. Además de dejar las tierras como vendibles a extranjeros en cualquier medida, y abrir hacia la privatización de casi todas las empresas del Estado.
Además, Milei hace el plan que su ideología le marca, no hace su programa por lo que haya hecho el gobierno anterior. Es un convencido ideológico, de modo que en ningún caso hubiera hecho otro programa que éste. Sus decisiones no tienen nada que ver con lo recibido del gobierno de Alberto Fernández.
En el punto 2., el gobierno logra el silencio de la mayoría del peronismo (hablan dos figuras no centrales: Grabois y Moreno), movimiento que se siente obligado a la cautela, mientras se toman medidas extremas de gobierno. El radicalismo sigue envuelto en ambigüedades y diferencias internas. Le va bien al gobierno en ese punto: la política está callada. Pero no puede evitarse la protesta social: la CGT y los movimientos sociales reaccionan, los cacerolazos se hacen sentir. Y no basta la proliferación policial permanente, indigna de una democracia: no se para el sol con un dedo.
“No hay plata”, pero se regalaron dos helicópteros a Zelensky, y se montó un insólito megaoperativo de seguridad para que Milei fuera a ver a Mar del Plata a Fátima Florez. No hay, pero en algo ha habido que responder a jubilados de la mínima y receptores de la AUH. El déficit fiscal cero es obvio que no ha de cumplirse, pero en nombre del mismo se achica el gasto social, con especial énfasis en las clases medias.-
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