Los golpes de Estado ya no son como eran: no se hacen con directa entrada de los militares al poder (caso de la última criminal dictadura argentina), sino apelan a estrategias de desestabilización progresiva: gente en las calles, levantamientos policiales, ruido mediático incesante, acción legislativa palaciega. El caso de Bolivia un año atrás es elocuente: ya se había intentado con el levantamiento policial contra Correa en Ecuador (año 2010). Y, de modos diversos, lo vimos obrar en el derrocamiento de Dilma Rousef, en la caída de Lugo en Paraguay, en la salida obligada de Zelaya en Honduras.
Se suma a ello, ahora, el uso de la persecución judicial orquestada, a fines de proscripción de candidaturas. Lo vemos con Evo y con Correa. A ambos se les impide ser candidatos. Está claro: el neoliberalismo tuvo como novedad frente al liberalismo económico clásico, el suponer a la democracia representativa como necesaria para el libre mercado. Este sería dueño y señor, presentado como supuesto padre de todas las libertades humanas. Pero, claro, el neoliberalismo sirve sólo a unos pocos, se deslegitima, y necesita ser antidemocrático en los hechos.
A eso asistimos. Lo vimos en la persecución judicial a opositores durante el gobierno macrista: alrededor de 20 dirigentes presos sin sentencia ni condena, con fuerte abuso de la prisión preventiva. Y lo vemos en estos días por los rechazos a Lázaro Báez en Capital, y la acción policial de la semana que finaliza.
Policías armados y con sus patrulleros rodeando la residencia presidencial de Olivos. Nada menos. Según ellos era una reivindicación salarial. Como tal, necesaria: sus salarios son magros, y bajaron 33% durante el gobierno macrista. Pero la asonada no se le hizo al macrismo: y participaba una curiosa junta de retirados, exonerados y afines, que estaban para forzar ser reincorporados a la fuerza, o reivindicados, o sépase qué. Todo un tufillo politizado, por completo ajeno al justo reclamo gremial.
Cualquiera puede leer en Internet la estrategia del golpe blando, de Gene Sharp. Allí se indican los pasos para derrocar a gobiernos que sirvan a intereses mayoritarios, y no a los de las empresas sostenidas desde Washington.
El desorden permanente es la táctica principal: la modalidad de la protesta policial sirvió a ese propósito, al margen de lo justificado de su motivo alegado. Un grupo mínimo de autoconvocados que no se quería ir de Puente 12 ya finalizado el conflicto, lo graficaba. El oficial Alderete, que “se retractó” de haber aludido a Lázaro Báez el primer día (en abierta inmersión en lo político y fuera de lo gremial), es otro caso elocuente.
Ya la discusión cambió de frente: ahora son los ciudadanos de la CABA que protestan porque el gobierno de Fernández, para pagar a los policías, le restituyó a la prov. de Buenos Aires, fondos que por decreto Macri le había quitado a esta y llevado a la CABA. Esta pasó en 2016 y- de golpe- de un 1,4 de asignación a un 3,75: casi triplicó. Ahora por decreto Fernández devuelve parte de estos dineros a la provincia –pues con menos de un punto se resolvía lo que la CABA necesita para pagar su propia policía-.
Rodríguez Larreta dice que es inconstitucional sacar por decreto, dinero que él obtuvo de Macri por decreto. Y va a la Corte, donde Rosencrantz y Lorenzetti son de obvia toma de posición: se investigan ahora las llamadas telefónicas de “Pepín” Rodríguez Simón –miembro de la insólita mesa judicial del macrismo- con el actual presidente de la Corte.
Pero igual la Corte no la tiene fácil: si el decreto de Fernández se considera ilegal, lo serían igualmente los dos decretos por los cuales Macri asignó a la CABA esos mismos dineros que hoy le son retirados. Lo cierto es que Larreta se lanzó invocando federalismo para que lo sigan los dirigentes del resto del país: acción estéril, todos saben que se asigna a un ciudadano de la Capital hasta el 1000% de lo que se gasta en alguien de La Rioja o de Jujuy. Pretender federalismo cuando se quiere retener dineros retirados unilateralmente a las provincias, es estrategia obviamente contradictoria.-