Por Luis Abrego
La polémica por la media sanción en la Cámara de Diputados a la modificación del artículo 8 de la ley nacional de Tránsito 24.449, denominada Tolerancia 0 de alcohol al volante, y su predecible ratificación en breve por el Senado Nacional, reactivó la disputa entre oficialismo y oposición en Mendoza; pero también la ya clásica pelea entre Rodolfo Suárez y la gestión de Alberto Fernández.
El proyecto impulsado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial que dirige Pablo Martínez Carignano propone la baja de la siniestralidad en las rutas, una idea que dividió incluso el voto de los mendocinos del Frente de Todos (algunos a favor -Adolfo Bermejo y Liliana Paponet-; otro en contra –Éber Pérez Plaza- y la abstención de Marisa Uceda) y unificó el rechazo de los 6 de Juntos por el Cambio: Julio Cobos, Jimena Latorre, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Omar De Marchi y Álvaro Martínez.
Sin embargo, Suárez apeló a los senadores nacionales, y en especial a Anabel Fernández Sagasti para evitar el avance final que lo transforme en ley; así como al impacto que una iniciativa de estas características tendría sobre la industria vitivinícola local. Incluso más: le pidió a Sagasti que intercediera ante Cristina Kirchner para que el proyecto se olvidara (lo que la camporista rechazó) y confirmó que de aprobarse, no se aplicará en Mendoza al ser la normativa de tránsito una facultad no delegada a la Nación.
Más allá de los cruces en las redes sobre la potestad de la Provincia en este ámbito y la provocación de Martínez Carignano al asegurar que Mendoza defiende posturas corporativas, la pregunta que quedó flotando es en qué medida nuestros legisladores defienden los intereses de la cultura, la economía y la producción provincial o se subordinan por disciplina partidaria a las decisiones de la política nacional. Y aquí no es una cuestión de grietas, consensos o convicciones, si no de interpretar y acompañar el sentido de los votantes que representan.
Porque también la polémica obliga a pensar si la Tolerancia 0 es realmente eficiente en el objetivo deseado. Un índice que hoy se aplica en países como Uruguay, Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, Egipto, Hungría, Kazajistán, Libia y Senegal, y en muchos de ellos por razones de índole religiosa más que por conducta cívica. Por el contrario, países de avanzada y con larga tradición vitivinícola mantienen el 0,5% actualmente permitido como tienen España, Francia, Italia, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Australia y Sudáfrica. Y sí, en algunos de estos países, la Tolerancia 0 alcanza a los “conductores nóveles”, un razonable corte etáreo.
Está claro que el lobby empresario existe y presiona en todos los ámbitos para obtener mejores condiciones para el desarrollo de sus negocios. El argumento prohibicionista es que hoy se antepone el rédito económico a la salud pública, justo -y paradójicamente- con un producto como el vino, incluido como tal en el Código Alimentario Argentino y declarado como “bebida nacional”, lo que torna más complejo su abordaje. Por ende, el cambio cultural que quiere imponer la Tolerancia 0 no se consigue prohibiendo, sino con más toma de conciencia.
En todo caso, el deber de la política y con ello, del Estado, es poner sentido común a las relaciones sociales y articular intereses para la convivencia en comunidad. Aciertan aquellos que aseguran que las prohibiciones siempre son el atajo más fácil para sortear un problema y que lo difícil, en todo caso, es entender, satisfacer a las partes en pugna y solucionar. Aflora también en esta discusión una demagogia que disimula pero que no resuelve.
Mendoza exhibe una mejora de sus indicadores en seguridad vial y ahora reclama que se generalicen a todo el país como una alternativa al impedimento total: más controles y tecnología, endurecimiento de las penas, incremento de las multas, acompañamiento educativo y campañas de prevención con las que incluso el sector privado está dispuesto a colaborar para lograr más y mejor alcance en la población.
Una sociedad acostumbrada al paternalismo del Estado podrá aceptar que se le prohíba todo aquello que se considere nocivo para la vida o la salud, pero lo más probable es que el asunto siga existiendo pese al cambio de una ley. Eso sí, los acomedidos protectores de turno estarán tranquilos impidiendo antes que ideando reales soluciones de fondo.