Cada tanto, los estertores de la ciudad de Rosario resuenan en todo el país. Son ecos de una tragedia que se reconoce próxima e inminente en distintas geografías del país.
Sólo que allí la impunidad de la violencia no deja de ser repetida y las reacciones (aunque los gobiernos cambien) no alcanzan para ofrecer esperanzas.
Está claro que el narcotráfico ha calado profundamente, ya casi sin distinguir entre bandas estructuradas, con logística y hasta cobertura de algunos sectores policiales, judiciales o políticos; o de simples aprendices del hampa que en pos de su consideración delictiva no dudan en matar o dañar. Para abrir su propio camino o como carne de cañón del sicariato.
El Gobierno nacional en sintonía con el santafesino articularon -con acierto- una nueva denominación para intentar hacerle frente: la del terrorismo.
Una audaz caracterización que abre históricas polémicas en Argentina y hasta la posibilidad de modificar la Ley de Seguridad Interior para habilitar a las Fuerzas Armadas a ser convocadas si fuera necesario. Un obligado replanteo que ante el desafío narco obliga a repensar conceptos, doctrinas e ideologías.
Tanto Javier Milei, como sus ministros Patricia Bullrich y Luis Petri así como el gobernador Maximiliano Pullaro sostienen que las acciones recientes en Rosario exceden una crisis de seguridad, o el tradicional combate al narcotráfico y que están (estamos) frente a una decidida acción terrorista en pos de ganar terreno para que desaparezca el imperio de la ley y lo que rija sea el poder de las bandas y los carteles de la droga. Narcoestados fuera del alcance de la Justicia y la República. Ese es el siniestro dibujo que proyecta Rosario si no se actúa.
En Mendoza, la inseguridad creciente no permite inferir ni por asomo -todavía- la posibilidad de un destino como el rosarino. Aunque nadie niega que aquí también las bandas, los "soldaditos" y los ajuste de cuenta narco son parte de una realidad cada vez (y lamentablemente) más cotidiana.
Básicamente lo que el narco desafía es el control del Estado. Por ello coopta, corrompe, compra, extorsiona, amenaza o mata en pos de imponer su vil negocio.
Tal vez por eso, y con el temor que el espejo nos empiece a devolver las imágenes que hoy exhibe Rosario, es que esta semana se montó un espectacular operativo en el oeste de Godoy Cruz con la participación coordinada de distintos poderes, reparticiones y divisiones de la fuerza policial.
Claramente, más allá de los resultados de la acción, se buscó dar la señal de que el poder instituido tiene bajo control la situación. Que aún los barrios bravos no son "tierra de nadie" como la percepción popular empieza a percibir.
800 policías, 40 allanamientos, casi 70 detenidos en el Campo Papa y alrededores dan idea del despliegue realizado, como así también el secuestro de armas de todo tipo, calibre y factura. Verdaderos arsenales desplegados como "herramientas de trabajo" para la comisión diaria de asaltos, robos y crímenes.
Un golpe preventivo que según las autoridades sirvió para desarmar kioskos de venta droga, hallar personas con pedido de captura y desarticular futuros delitos. Pero sólo se trató de un barrio, de una zona, de un departamento del Gran Mendoza. ¿Y el resto?
Decisión política, tarea de inteligencia y accionar sorpresa con todas las garantías de la ley pueden ser un eficaz modo de contención, pero de ninguna manera lo será si estamos ante un episodio aislado, o circunscripto a una barriada estigmatizada de antemano.
Una política de seguridad democrática, integral, preventiva pero con capacidad cierta de romper las estructuras delictivas, sostenida en el tiempo y desplegada en el territorio puede ser el camino que la ley establezca para que prime el orden y la paz.
Ha de ser todo el peso del Estado, en toda su dimensión, quien se plante con firmeza para que el infierno de Rosario no sea replicable ni aquí ni en otro lugar del país. Aunque la desidia (de unos) o la complicidad (de otros) nos hagan pensar que esos demonios pueden estar a la vuelta de la esquina.