La noticia sacudió una campaña electoral monótona que, como diálogo de sordos, pretende más que buscar soluciones encontrar culpables de la crítica situación socioeconómica de la que Mendoza no es la excepción.
Por el contrario, la generalidad del delicado contexto remite a las deficiencias nacionales, en cuyo paraguas macro seguramente algo más se podría haber hecho desde aquí, pero con resultados similares, ya que a la incapacidad del gobierno de Alberto Fernández se le debe sumar su obstinada insistencia discriminatoria hacia esta provincia.
Es por ello que el anuncio de Rodolfo Suarez de iniciar un reclamo administrativo contra la Nación para evidenciar lo que por diversos foros políticos el oficialismo ya ha denunciado en reiteradas ocasiones, es una decisión que se apalanca en aquellas viejas quejas pero también en las urgencias electorales más recientes y pedestres.
Según cálculos de los referentes económicos del Frente Cambia Mendoza (FCM) la Provincia durante el actual mandato presidencial “ha sido claramente perjudicada”. E incluso hasta se animaron a cuantificar la pérdida -con información de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la base de datos del ministerio de Economía de la Nación-. Por ejemplo, en estos tres años y medio de Fernández, Mendoza recibió 13.134 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y Transferencias No Automáticas, mientras que la Provincia de Buenos Aires fue beneficiada con 359.849 millones de pesos, algo así como 27 veces más.
Incluso, este “trato injusto y desigual” como definió el Gobierno a la situación se da respecto de provincias más chicas que Mendoza, tanto en territorio como en población.
En el mismo período presidencial, mientras aquí se recibieron 35.756 pesos por habitante, en La Rioja se desembolsó 355.693 pesos por habitante y en Santa Cruz, 167.233 pesos por habitante. El destrato incluso se advierte si se compara a Mendoza con el promedio nacional que es de 83.818 pesos por habitante, es decir 48.062 pesos menos de lo que llegó para los mendocinos.
Se trata pues de una flagrante diferencia en el reparto que además ha sido validada por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera, al advertir que las transferencias a Mendoza en el último año no sólo crecieron por debajo del promedio nacional, sino también mucho menos que la inflación (apenas un 20%, con una inflación anual superior al 100%).
Frente a esa evidencia, Suarez opta por reflotar una táctica que le rindió frutos en este tiempo: confrontar con la Nación para poner en evidencia al peronismo local que no tiene demasiadas explicaciones certeras para justificar tamaña inequidad. Pero también para atender la interna del propio frente, ante la promesa de Luis Petri, competidor de Alfredo Cornejo por la gobernación quien días atrás anunció que de ser electo iniciaría una demanda contra la Nación por este asunto.
Como se ve, el Gobierno encontró en la recta final de las próximas elecciones la oportunidad para poner de manifiesto esta situación mientras reclama a través de sus legisladores nacionales indicadores claros y objetivos para la asignación de recursos como correspondería a un país federal, con seguimiento y control parlamentario.
Sin embargo, el poder de la lapicera y la distribución discrecional según el color o la afinidad política supone otro desequilibrio que condiciona el desarrollo armónico del territorio, a la vez que se transforma en una fenomenal herramienta de disciplinamiento que condena a la auto sustentabilidad de los díscolos y no alineados, mientras premia a los amigos y sumisos del poder.
En la agenda de aquí a las PASO, reflotar la discriminación nacional parece ser una inigualable ocasión para reforzar la narrativa oficial, contener el frente interno y confrontar con la oposición. Algo así como una carambola a tres bandas, o un potente negocio político.