La semana que termina trajo la reaparición de tensiones con la Nación que son el signo distintivo del vínculo entre Rodolfo Suarez y Alberto Fernández.
Una relación que desde concepciones disímiles supo encontrar algún punto de encuentro en el comienzo de la pandemia, aunque a poco de andar, las diferencias sobre el manejo de las restricciones (especialmente la habilitación de actividades económicas y también la apertura de las escuelas) complicaron esa conexión que luego el cronograma electoral y los posicionamientos políticos terminaron de deteriorar.
Ahora otra vez, la disputa por los avances o retrocesos del proyecto Portezuelo del Viento introdujeron controversias que se profundizaron cuando desde Mendoza se esperaba un laudo presidencial que destrabara todo y habilitara su adjudicación, y la respuesta de la Casa Rosada fue un contundente deslinde de responsabilidad ya que ni si quiera se dio por notificada de su obligación de árbitro en el conflicto con La Pampa.
Tras la reunión con el justicialismo local, Suarez decidió reiterar ese pedido de laudo, pero también resaltar la urgencia de una definición para que los tiempos no se dilaten, y con ello, el inconveniente bloqueo de los fondos asignados. La carta es, en definitiva, una estocada a la Casa Rosada aunque no es el optimismo la palabra que defina en este caso la expectativa. Es que más allá del resultado final, también sirve a los efectos de consolidar lo que aquí se cree sobre la indefinición de la represa.
Una reciente encuesta de la consultora Reale-Dalla Torre expresó que el 64% de los mendocinos considera que es el Presidente y el Gobierno nacional los responsables de la parálisis de Portezuelo, y con ello del perjuicio a la Provincia ante la imposibilidad de poder concretar esta obra con un presupuesto de más de mil millones de dólares que, sin dudas, motorizarían la alicaída economía provincial. Preocupante por donde se lo mire.
Sin embargo, no fueron estos los únicos gestos de tensión que afloraron esta semana. También debe leerse en esa dirección la posibilidad de otro conflicto en puerta -demanda judicial mediante- por la decisión del ministerio de Economía, Energía e Infraestructura que conduce Enrique Vaquié al solicitar a YPF una diferencia de 174 millones de dólares en concepto de regalías petrolíferas mal liquidadas. O sea, la antesala de otra disputa con el poder central.
Y como si eso fuera poco, la polémica asignación de tierras para la construcción del centro de esquí El Azufre, en lo que Suarez ve la oportunidad de un emprendimiento turístico sustentable y el PJ sospecha de un favorecimiento irregular, sumó ahora la intervención de la Nación que -fogoneado por el kirchnerismo local- pidió “abstenerse” de avanzar, y con ello, agregó incertidumbre a una de las pocas oportunidades a la vista de desarrollo productivo que pueden generar empleo genuino.
Así, las 12 mil hectáreas malargüinas que el decreto provincial 2.138 habilita a avanzar en la proyección de este centro de esquí fueron puestas en duda por la Agencia Nacional de Administración de Bienes del Estado (AABE), un organismo que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación y que más allá de consideraciones técnicas o legales, la sospecha de razones políticas para esta intervención agitaron nuevos cruces entre oficialismo y oposición.
Mientras tanto, la parálisis generalizada parece convertirse en el estado ideal de una Mendoza frustrada donde a quien hace se lo objeta, lo que se hace se lo bloquea y lo poco que se genera se lo cuestiona por insuficiente. En ese contexto, la tensión política sólo contribuye al inmovilismo y con ello, al estancamiento que profundiza la pobreza, la exclusión y el atraso.
Frente a esto, la clase dirigente parece más enfocada en ganar las micro batallas dialécticas de Twitter que a lograr los suficientes acuerdos capaces de generar crecimiento. Ojalá nos demos cuenta a tiempo.