Por Luis Abrego
El Gobierno provincial se movió rápido durante marzo en la mesa de las negociaciones paritarias con los gremios estatales y desactivó, sin mayores dilaciones, una de las principales bombas de tiempo que suelen amenazar a las gestiones a comienzo de año.
Esto fue así al menos, con los sindicatos más numerosos, y por ende, aquellos más reacios a dar su visto bueno a las ofertas de mejoras salarial.
Esta situación le otorga ahora a Rodolfo Suarez la tranquilidad de saber que hasta setiembre no tendrá planteos salariales (ni paros ni movilizaciones por estos asuntos), fecha en la que se deberá producir una revisión del acuerdo en base a la variación inflacionaria que esta semana volvió a dar un desagradable mazazo, cuando el Indec informó un incremento de precios del 4,7% mensual para febrero y con proyecciones aún más fuertes para marzo.
Por lo pronto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que representa a los empleados de la Administración Central así como de otros agrupamientos, pero también los docentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Sute) y hasta la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) ya firmaron sus respectivos acuerdos.
A ello se sumó el anuncio oficial del viernes en el cual el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, confirmó que todos los gremios aceptaron las condiciones del Ejecutivo. Así, las 18 discusiones paritarias alcanzaron finalmente buen puerto. 100% de efectividad en la negociación y un indudable logro político.
La apuesta del Ejecutivo fue un incremento del 40% que con ítems específicos para cada actividad, mejoran la propuesta algunos puntos, a través de un cronograma de subas escalonadas de marzo a noviembre. Una estrategia que resultó convincente en un contexto inflacionario difícil y de claro deterioro del poder adquisitivo acorde con el malhumor social.
Sin embargo, y si bien el Gobierno terminó celebrando esta semana la sanción definitiva de la Boleta Única (BU), la inseguridad ha vuelto a poner un pie en la agenda pública de Mendoza con una seguidilla de hechos trágicos recientes que incluyeron entraderas y asaltos en la vía pública con víctimas mortales como fueron los casos del ciudadano venezolano Jean Carlos Sosa y del trabajador de Cuyoplacas, Emiliano Fernández. Dos muertes que conmocionaron a la opinión pública y azuzaron a la oposición que pidió incluso la renuncia del ministro de Seguridad, Raúl Levrino y de la cúpula policial.
La cíclica reaparición de olas de inseguridad parece nublar cualquier horizonte de paz social como el que pueden otorgar los necesarios acuerdos paritarios o el salto institucional que genera una manera más equitativa y transparente de votar, que pese a todo, se saluda; aunque es muy probable que el ciudadano medio no lo tenga entre sus prioridades, como sí puede ser una mejora en sus haberes o la posibilidad de vivir más tranquilo.
La gestión pública suele ser un entramado de asuntos en donde los problemas que se despejan de la madeja se confunden con aquellos que, insistentes, persisten sin solución y tienden a teñir de su color a todos los demás. Está claro: los frentes abiertos, las demandas insatisfechas y esa contínua sensación de desamparo que produce la inseguridad generan un daño que las buenas noticias a las que se aferran los funcionarios no alcanzan a atenuar.
Deberá Suarez enfocar esfuerzos también en sostener estándares de seguridad ciudadana que puedan ser compatibles con ese modelo de una provincia distinta en el que pone tanto énfasis, y al que a los propios mendocinos les gusta hacer alarde. Incluso, si los casos policiales recientes sólo fueran eslabones de una cadena de fatal coincidencia.
De lo contrario, Mendoza se parecerá cada vez más (por las razones que sean) a aquello que tanto rechaza de otros distritos, y entonces sí, la decadencia y la marginalidad nos terminará sepultando bajo una montaña de buenas intenciones.
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