Apenas 10 días después de asumir el Gobierno, el libertario Javier Milei tiene casi definido un decreto de necesidad y urgencia con el cual pretende aplicar una amplia "reforma laboral", que promete generar fuertes resistencias entre los sindicatos e incluso protestas en las calles.
La iniciativa es defendida por el Presidente con el argumento de que constituye una vía rápida para sacarles el pie de encima a las pymes, y que puedan generar rápidamente puestos de trabajo, sin temor a terminar "fundidas" por la "industria del juicio".
Según pudo saber Noticias Argentinas, la reforma será implementada directamente a través de un DNU, con el cual reducirán indemnizaciones y se extenderá el período de prueba que actualmente es de tres meses, posiblemente a seis y ocho meses.
En la reforma habrían trabajado miembros del PRO, el partido creado por Mauricio Macri. Uno de los especialistas que habría llevado sus propuestas es el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca.
Tira y afloje con Caputo
El DNU casi definido iba a incluir una una baja de aportes y contribuciones patronales, que son en total del 25,8% sobre el bruto de la nómina salarial, en la actualidad.
Esto dio lugar a una pelea por la "caja" en la que finalmente se impuso el criterio del ministro de Economía, Luis Caputo. La “orden” que bajó es que no habrá en lo inmediato una rebaja de los aportes y contribuciones patronales, como apostaba un sector de La Libertad Avanza y las empresas.
"No hay plata, está previsto un esquema progresivo, pero el DNU no incluye el achique de las cargas sociales, hoy no se puede prescindir de eso", dijeron fuentes del equipo económico. De esa manera, los cambios en materia laboral contemplados en el capítulo 3 del decreto contendrán otras modificaciones, sin alterar el segundo motor de la recaudación después del IVA.
El capítulo más polémico del DNU -que prevé generar ruido con los gremios, es la reducción de indemnizaciones, de tal forma de excluir rubros como los pagos de prestaciones -autos, celulares y otros-, tickets canasta o vales alimentarios. Además, prevé exluir también los bonos anuales, que en algunas actividades suman mucho en casos de tener que litigar una indemnización.
Otro de los puntos claves está vinculado con una práctica bastante habitual en el mundo pyme, por la cual, en caso de litigio, suele incrementar fuerte el monto de la indemnización. Se trata de las multas por lo que se denomina "registración deficiente".
Si el DNU prospera, se eliminan las sanciones establecidas por ley que el empleador debe pagar al trabajador afectado, ante la falta de registro de la relación laboral o el registro parcial de la misma, por consignar una fecha de ingreso posterior a la real o una remuneración menor a la percibida por el trabajador.
En el marco de una economía que tiene un 32 por ciento de empleo en negro, se estima que muchas pymes -por ejemplo del rubro gastronómico-, declaran un salario menor y la diferencia la abonan con otro tipo de "prestaciones".
En otro punto polémico, que ya había sido adelantado en la campaña por Milei, se propone crear un "Fondo de cese laboral", que será de aceptación "voluntaria" por gremio.
A través de este esquema, que se hizo conocido porque se aplica en la industria de la construcción, empresas y trabajadores aportan fondos en forma anticipada para cubrir las indemnizaciones por despido.
Entre los sectores en los que Milei pretende aplicar esta reforma, se incluyen los vinculados a la energía, en especial, las actividades vinculadas con el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, donde el libertario espera recibir fuerte inversiones en los próximos años.