Un fiscal desarrolla su argumentación durante nueve audiencias públicas y pide 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta, ex presidenta durante dos períodos, también viuda de un ex mandatario y a la postre, figura central del frente político que comanda el Poder Ejecutivo. Le achaca formar parte de una asociación ilícita que permitió una millonaria defraudación al Estado, transformándose en un emblemático caso de presunta corrupción.
La acusada, que se había negado a prestar declaración indagatoria y que optó en aquel momento por un duro discurso contra los fiscales, el tribunal y la Justicia en general, decide, fuera de la etapa de alegatos, hacer ahora una ampliación que al ser denegada, se transforma en una virtual cadena nacional a la que otrora tenía acostumbrado a los argentinos; donde lejos de contestar la acusación, abre la puerta a nuevas denuncias por otros casos, en una especie de lodo impúdico, que no hace al fondo del asunto por el que se la investiga: la causa Vialidad.
Allí, incluso, deja sospechas sobre sus propios ex funcionarios, su difunto marido, pero también sobre empresarios vinculados con la hoy oposición. En una clara estrategia política, se victimiza y alude una persecución que no es tal, y lo que es peor, desliza un intento de futura proscripción no sólo para ella, sino también para el movimiento del que dice formar parte: el peronismo.
Sus militantes e incondicionales, llaman a una anticipada rebelión popular, con manifestaciones en las calles y cortes de ruta, como una señal contundente de su canto de guerra: “Si tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar…” dicen sin pensar si hay o no razón. Incluso, un ex miembro de la Corte Suprema cuyo prestigio lo lleva a adelantar fallos y condenas que aún no existen, lanza una campaña para indultar a la poderosa y cuestionada dama.
En el vértigo, también sale a defender a su vice el Presidente, a la sazón el hombre que la ahora acusada eligió para encabezar la fórmula, y con quien mantiene una tensa relación producto del errático rumbo del Gobierno que ambos conformaron y cuya última mutación es la incorporación del tercer socio al Gabinete para intentar capear un temporal que no amaina. Por el contario, a la inestabilidad económica, financiera e inflacionaria de estos meses se suceden en estos días ajustes en educación, salud y vivienda. Y por ende, más pobres y más desprotegidos en la Argentina real que sucumbe a kilómetros de los Tribunales.
En su arrebato por recuperar la centralidad perdida por sus propios desvaríos, el Presidente equipara el trágico desenlace del fiscal que acusó en 2015 a la entonces presidenta de “traición a la Patria” por el atentado a la AMIA (y que fue hallado sin vida horas antes de presentar sus pruebas en el Congreso), con quien la imputa ahora por el manejo de la obra pública en su mandato. Una matriz en la que se destaca como sospecha el vertiginoso crecimiento de un socio de la familia, con únicos antecedentes como monotributista y empleado bancario, al que se le otorgó gran parte de las licitaciones en su provincia para transformarlo en poderoso empresario de la construcción.
Tras el fallido o la amenaza presidencial velada hacia el fiscal de la actualidad, la principal coalición opositora presenta un pedido de juicio político que se suma a los que ya estaban en curso por inmiscuirse en los asuntos del Poder Judicial, algo que tiene expresamente prohibido por la Constitución. La portavoz del mandatario dice que no su jefe no dijo lo que todos vimos que dijo. Y el señalado sólo recurre al remanido truco de la tergiversación para asegurar que no instigó a que nadie se suicide. La realidad y la ilusión se desdibujan para salvar contradicciones o los reacomodamientos discursivos que ordenan la conveniencia.
Así, sin nombres propios, se resume una semana en que la tensión y la zozobra institucional, pero también la paz social parecen haberse puesto seriamente en riesgo. Y lo que es peor, con la extrema incertidumbre de que este punteo sea sólo el germen de nuevas tragedias. Tal vez producto de las cuentas pendientes que el Poder Judicial no cerró a tiempo y que ahora, sus implacables fantasmas, acechan los cimientos de una República tambaleante, que se dirime con tristeza y pavor, entre impunidad o democracia, entre corrupción o justicia.