La semana pasada el Tribunal Penal Colegiado Número 2 rechazó los planteos de la defensa del ex intendente de la Municipalidad de Guaymallén, el justicialista Luis Lobos y de su ex esposa, Claudia Sgró y así ambos quedaron detenidos al confirmarse la sentencia por “defraudación en perjuicio de la administración pública” dictada en 2019.
La noticia tuvo repercusión nacional pues se trata de un dirigente político, de la ahora tan denostada “casta”, que resultó condenado a 4 años y medio de prisión por fraude (un año menos para su ex mujer), al haber sido hallados culpables de contratar con fondos del municipio a personas que cumplían tareas domésticas en el domicilio de los acusados y sus familiares.
Y si bien todavía no se sustancia otro juicio previsto por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta, donde por primera vez podría aplicarse la ley de Extinción de Dominio -vigente desde 2019- es decir la recuperación de los bienes producto de la corrupción, la sospecha que quedó plasmada cuando aparecieron las denuncias finalmente se comprobaron y a la condena moral, luego política cuando el 2015 el PJ perdió las elecciones en Guaymallén, se sumó ahora la judicial de cumplimiento efectivo en cárceles de la Provincia.
En ese sentido, el caso Lobos aparece como algo extraordinario y emblemático, aunque no es el primero. El también ex intendente y peronista, pero santarrosino, Sergio Salgado pasó en 2018 por prisión por su responsabilidad al frente de esa comuna.
Lo cierto es que la última decisión judicial bien supone una clara señal en contra de la habitual impunidad que suelen rodear a los casos de corrupción en los que el poder político está involucrado. Pero también de la validez de los resortes institucionales, tanto públicos como privados, que de alguna manera y oportunamente, pusieron en relieve la situación: desde denuncias penales que se hicieron públicas, la oposición política, el accionar de la prensa y la presión social para que lo sucedido no quedara en la nada.
Si el final de la causa Lobos es un caso testigo, o bisagra en el devenir histórico de Mendoza habrá que demostrarlo con el tiempo, sin embargo queda claro que al menos en esta situación no hubo dejar hacer, ni dejar robar. Algo que siempre se critica. Y si eso significa que -como sucedió- alguien se enorgullezca de la calidad institucional de esta provincia, pues habrá que celebrarlo.
Por lo pronto, y no es tampoco menor, en Mendoza rige desde fines de 2020 la ley de Ficha Limpia que impide que los condenados por corrupción, pero también contra la libertad y la integridad sexual, entre otros delitos, puedan ocupar cargos electivos u otras funciones públicas. Una ley que no existe a nivel nacional y sólo tienen además Chubut, Salta y Jujuy.
Tras su promulgación y puesta en funcionamiento, la ley de Ficha Limpia impidió aquí en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de 2021 que 12 personas que habían sido postuladas por distintos partidos y que figuraban con antecedentes penales de los tipificados por la ley, no pudieran participar.
A esta legislación vigente, entonces, se suman ahora las condenas en el caso Lobos que fortalecen los anticuerpos necesarios para que la transparencia y la idoneidad se afiancen en el manejo de la cosa pública y el sistema democrático, pero también, el repudio social y su respectivo castigo judicial para quien así no lo entienda.
Una mejor democracia se construye con mejores intérpretes capaces de honrar la política, pero también con instrumentos más eficientes para proteger a quienes la entienden como herramienta de transformación y no como plataforma de privilegio personal.
La ética en la función pública debe volver a ser una condición necesaria que la misma sociedad debe exigir para que los casos Lobos del futuro, o los actuales que aún no ven la luz, puedan despegarse del sino trágico y tan argentino de la Biblia y el calefón.