Roberto Follari
Es cierto que, como pocas veces, gobiernos progresistas y populares se han impuesto por vía electoral en Latinoamérica. Es cierto, también, que pocas veces han tenido tan escasomargen para operar: la situación económica mundial y regional no es expansiva, la pandemia y luego la guerra han agravado las cosas, Estados Unidos ha aumentado su celo sobre la zona para cercar la influencia china, y encima nuevas derechas que actúan desde
la legalidad para deslizarse a menudo hacia lo ilegal, plantean desafíos que aún no se ha sabido codificar.
El caso peruano es de los más clásicos, con acción destituyente en su formato más tradicional. Los patricios limeños no podían soportar la invasión chola, de un maestro de campo que se pretendiera por encima de las elites dueñas del poder. Lo desgastaron desde mucho antes de asumir: no se quería reconocer su triunfo. La derrotada Fujimori nunca lo hizo, el Tribunal Electoral lo certificó casi en el vencimiento de los plazos, unos 50 días luego de los comicios. Luego comenzó un gobierno que no supimos si pudo ser bueno o malo, dado que nunca llegó a ejercer en plenitud: todo el tiempo se lo bombardeó desde el Congreso. Un Congreso que, tras los problemas con Fujimori padre, ha sido empoderado para entrar en cruce letal con el Ejecutivo de modo que nadie puede gobernar el país, y ha habido seis presidentes en siete años. Y menos podría gobernarlo alguien de izquierda. Por fin se detuvo al presidente Castillo tras la frustrada intentona de éste para evitar su caída: en base a ella se pretendió presentarlo a él como golpista y antiinstitucional, cuando había sido víctima de permanentes estocadas. Se lo detuvo, asumió Boluarte con un discreto apoyo del Congreso, pero nadie había contado con el inesperado protagonismo de la movilización popular. Es que el gobierno de Castillo no había promovido grandes apoyos. Pero la forma abrupta en que se lo acabó, sí los despertó. La gente ganó las calles en todo el país, y sólo en la zona de Puno hubo más de 20 muertos por represión en sólo unos días. El total de personas muertas por las fuerzas policiales llega a 50, y ahora la presidenta tiene iniciado proceso por genocidio en base a estas gravísimas circunstancias. El final está aún abierto, y desde el comienzo países como Bolivia, Colombia, Argentina y México se pronunciaron en favor de la remoción de Castillo en la presidencia. Mientras, la brutal asonada sobre los edificios del poder estatal en Brasilia, muestran una derecha que se burla de la ley con total tranquilidad. Algunos de los que actuaron, se creen el cuento increíble del “fraude electoral” preanunciado, que forma parte de la rudimentaria -pero eficaz- acción de las derechas actuales: “si ganas, tomas el gobierno; si pierdes denuncias fraude, y te levantas contra quien haya ganado”. Lula llegó tarde a la previsión de los hechos, pero reaccionó con energía. Hay más de 1000 detenidos con acusación de terrorismo, está ahora también preso Torres, el jefe de Seguridad de Brasilia. El gobierno logró el apoyo internacional casi unánime, con EE.UU. incluido. La derecha ha mostrado capacidad operativa pero no logró apoyo más allá de Brasilia, y ha quedado muy mal vista por la gran mayoría de la política y el periodismo brasileños.Y en Argentina es la derecha quien pone el grito en el cielo por el intento de juicio a la Corte, como si no supiera que tal opción está incluida dentro de la Constitución. Además, sabe que el gobierno no tiene número para imponerlo: se tratará sólo de iniciar el juicio, de habilitar el debate social sobre un poder judicial donde la mano de esos sectores de derecha se ha hecho notar de manera permanente y ominosa. Pero la oposición neoliberal no quiere el debate ni la puesta en cuestión de la Corte, ésa que no ha tenido siquiera el cuidado de mantener apariencias: por ej. la parcialidad abierta de Comodoro Py, que debiera estar bajo su control y jurisdicción, o casos como el del procesado fiscal Stornelli o el insólito procurador “interino” Casal (efectivamente interino…ya por cinco años!!), o el
autonombramiento de Rosatti en el Consejo de la Magistratura, o los chats de Lago Escondido y luego los de Robles con Dalessandro, o haber permitido la perversa doctrina por la cual se apresaba a dirigentes peronistas durante el gobierno anterior, sin que hubiera sentencia y -en muchos casos- ni siquiera un juicio iniciado. Razones para el juicio sobran, igual el juicio no va a prosperar: pero la oposición principal pretende impedir incluso que se inicien acciones que habiliten debate público sobre la Corte. La cual, ciertamente, tampoco puede quedar compuesta de sólo cuatro miembros. Así las cosas: Perú, Brasil, Argentina. En Bolivia, la región de Santa Cruz defiende mayoritariamente al dirigente Camacho, detenido por sus acciones en el golpe de Estado
que obligó a la salida de Evo Morales. Gobiernan los progresismos, pero las derechas mantienen iniciativa, en un ajedrez de resultado final incierto.-