Es extraña la composición de la agenda pública. Mucho más aún el orden de prioridades que el poder suele destinar a la solución de problemas. En todo caso, prima la especulación, algún medido oportunismo, y porque no también, las buenas intenciones, que las hay.
Ese cóctel se transforma a menudo en tragos amargos que no dejan de sorprender hasta el paladar más entrenado, y que en el caso de Argentina, siempre encontrará críticas o resquemores que alimenten las desconfianzas de la grieta.
Es llamativo, pero en esta semana tanto en Mendoza como a nivel nacional la principal preocupación de la dirigencia ha sido la modificación del funcionamiento de la Justicia. No necesariamente para proveer un mejor servicio, sino también porque consideran (sin decirlo, aquí y allá) que esos cambios -además- ayudarán a inclinar la cancha en asuntos delicados: esos expedientes de inevitable aroma y contenido político.
A la polvareda generada por la discusión legislativa del proyecto que introduce cambios en el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que acertadamente blanqueó el direccionamiento de algunas causas hacia determinadas salas (según la línea de pensamiento de los jueces que la integran, en lo que se ha denominado “fórum shopping”), se expuso además el excesivo desequilibrio producido en la labor de los supremos y el volumen de casos, según dónde les toque dictar sentencia.
Como aseguró su presidente, Dalmiro Garay, se trata de un sistema que rige desde 1984 y que evidentemente “fracasó”. Pero no por ello, se ha logrado unanimidad en cómo resolver esos problemas en los que todos coinciden, pero cuyos detractores consideran que tanto el sorteo de las causas, como el tratamiento de ciertos temas en plenario que se propone como solución, son funcionales al poder de turno por su circunstancial mayoría actual. Es decir, el radicalismo.
Por ello, la discusión se empantanó en la Legislatura y desde allí se le pidió a la misma Corte que eleve una propuesta superadora capaz de contentar a los propios jueces del máximo tribunal en desacuerdo, pero también a la oposición y a los díscolos aliados del oficialismo que retacearon su apoyo en esta ocasión. Es imprescindible legitimar el proyecto.
Tal vez estos contrapuntos pueden ser una formidable ocasión para que los mecanismos institucionales sean capaces no sólo de dialogar, sino también de acordar en lo que cualquier mendocino de a pie podría exigir en esta instancia: tener una mejor Justicia. Más ágil, más transparente, más oportuna, más confiable. ¿Podrán hacerlo?
Sin embargo, y como el espejo deformado que suele aparecer cada vez que se compara Mendoza con la Nación, esta semana también el kirchnerismo avanzó en el Senado con la idea de modificar la composición de la Corte Suprema. Solo que en esta movida pretende elevar sus miembros a 15 de los 5 actuales, pues entiende que es el Poder Judicial de la Nación el principal responsable de la acumulación de acusaciones que hoy acechan a Cristina Fernández.
El oficialismo sueña con una Corte que en algunos años más, cuando intervenga tras las apelaciones en causas como Vialidad donde hoy está formalmente acusada, la Vice tenga allí una mayoría que le permita sostener el relato de estos días y que la historia no se lo demande.
Una posibilidad que hoy parece lejana ante la oposición de Juntos por el Cambio en ambas cámaras y la paridad de fuerzas que, por ejemplo, ha hecho imposible que Alberto Fernández haya enviado el pliego del o la reemplazante de Alicia Highton de Nolasco o tratar el del procurador General para lo cual necesita 2/3 de los votos del Senado que el oficialismo no tiene.
Lo provincial y lo nacional tienen motivaciones y evidencias distintas, está claro. Pero no deja de llamar la atención esta obsesión por la impunidad o para generar cortinas de humo cuando la urgencia del día a día podría orientar a la política y sus esfuerzos a ordenar los desequilibrios macroeconómicos, contener el desbarranque social, las angustias de aquellos hacen malabares con sus ingresos o pugnan por conseguir un empleo que los saque de la informalidad. Un gran manto de justicia que tal vez en esta ocasión tampoco cubra a todos esos que lo necesitan.