El gobierno de Javier Milei dio un nuevo giro a la normativa que regula la propiedad intelectual, con modificaciones publicadas en el Boletín Oficial este miércoles. A través del Decreto 765/2024, el gobierno ha redefinido varios aspectos clave sobre la ejecución pública de obras artísticas, alterando el régimen legal de la propiedad intelectual en el país.
La modificación más significativa es la ampliación del concepto de "ejecución pública". En adelante, se considerará cualquier representación de una obra en un espacio de acceso público, dirigida a una pluralidad de personas, como una ejecución pública. Esto incluye no solo las ejecuciones en vivo por artistas, sino también las realizadas a través de medios mecánicos, electrónicos o digitales, como transmisiones por radio, televisión, altavoces e Internet.
Sin embargo, se estableció que las representaciones o ejecuciones que se realicen en ámbitos privados no serán consideradas como ejecuciones públicas. Esto busca aclarar situaciones donde una obra es compartida en reuniones familiares o eventos privados.
Otro punto clave es la exigencia de autorización expresa para ejecutar obras musicales, cinematográficas y fonogramas. Los titulares de los derechos podrán gestionar esta autorización directamente o a través de sociedades de gestión colectiva. Además, cualquier persona que obtenga un beneficio económico a través de la ejecución pública de una obra debe proporcionar una compensación justa a los titulares de los derechos.
En un aspecto positivo, se estableció que no será necesario abonar compensación cuando las obras se utilicen con fines didácticos en establecimientos educativos o durante conmemoraciones patrióticas en instituciones oficiales. Esta excepción reconoce el valor social y educativo de la difusión cultural y permitirá un acceso más amplio a las obras artísticas en contextos que no buscan un beneficio económico.
La modificación del Decreto 765/2024 fue publicada con las firmas del presidente Javier Milei; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La normativa entra en vigor inmediatamente y tiene como objetivo proteger los derechos de los autores y proporcionar una compensación justa a los titulares de los derechos.
La medida ha generado preocupaciones entre los artistas y la comunidad creativa, ya que reduciría los ingresos que les generan sus producciones. La modificación también puede afectar negativamente a la industria cultural y artística en general.