El Gobierno de Mendoza dio a conocer este jueves una ambiciosa propuesta de reforma al Código Procesal Penal que promete transformar la dinámica de los procesos judiciales en la provincia. Con un enfoque en la etapa de investigación penal preparatoria, el proyecto pretende optimizar los tiempos y garantizar mayor eficacia en los juicios orales.
Un cambio estratégico para la justicia
La iniciativa fue presentada en conjunto por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; el titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé; y el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino, acompañados por líderes legislativos como Andrés Lombardi y Martín Kerchner. Su objetivo principal es perfeccionar el rol del Ministerio Público Fiscal en la recolección de pruebas y análisis de las causas, para que los debates orales se concentren en resolver las acusaciones sin dilaciones innecesarias.
“El fortalecimiento del sistema acusatorio es una prioridad para garantizar la justicia en plazos razonables y mejorar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial”, expresó Gullé durante la presentación.
Te puede interesar
Un modelo consolidado
Desde 1999, Mendoza ha adoptado el sistema acusatorio como eje central de su justicia penal, destacándose por la implementación de herramientas como el juicio por jurados y los procedimientos orales. La reforma busca consolidar este modelo, eliminando los retrasos en la etapa preparatoria y estableciendo mecanismos más efectivos para todas las partes involucradas.
Según explicaron desde el Ejecutivo, uno de los principales problemas radica en las demoras que suelen darse en la investigación inicial, lo que genera trabas en la transición hacia el juicio oral. La reforma propone medidas concretas para hacer más eficientes estos procesos y, al mismo tiempo, mantener controles adecuados que protejan los derechos de los involucrados.
El desafío de modernizar la justicia
Para el Gobierno provincial, esta reforma no solo es una cuestión de eficiencia sino también de legitimidad. “Nuestro compromiso es con una justicia ágil y transparente, que no solo resuelva causas con rapidez, sino que lo haga con calidad y equidad”, subrayó la ministra Mercedes Rus.
La propuesta será debatida en la Legislatura, donde se espera que genere un amplio consenso, dado el creciente reclamo social por un sistema judicial más efectivo. Si se aprueba, marcará un nuevo capítulo en la modernización de la justicia penal mendocina y establecerá un precedente para otras provincias del país.