La Justicia de Mendoza se acerca a un punto que puede ser fundamental en cuestión de autonomía y autarquía, a partir de la confección de un Convenio Colectivo de Trabajo para todo su personal.
El proceso es liderado por la mayoría de los ministros de la Suprema Corte y los jefes de los ministerios públicos (Fiscal y de la Defensa), pero cuenta con fuerte apoyo interno, principalmente de los gremios que nuclean a empleados y funcionarios judiciales.
El juez supremo Mario Adaro, ratificó el proceso y lo calificó de “casi histórico”, en los micrófonos de Radio Jornada.
“Estamos redactando, imaginando y construyendo el Convenio Colectivo de Trabajo Judicial que va a ser el primero del país”, dijo Adaro, entrevistado por Luis Ábrego y equipo del programa Lado A. “Se trata básicamente de diseñar una política de capital humano, de gestión de las personas”, añadió el ministro sobre esta iniciativa que abarcará a todas las personas que realizan tareas en ese ámbito.
El proceso -que se inició el pasado 19 de agosto- responde a las duras paritarias que hubo este año y que de alguna manera sirvieron como trampolín para esta discusión.
Por eso, sus documentos iniciales, que se terminaron de redactar el 22 de diciembre, hablan de que se genere “una política de recurso humano clave para abordar la carrera judicial y sus condiciones laborales y salariales”.
La propuesta, siempre según esos documentos, tal como informa el sitio web del Poder Judicial, busca también que se logre “el bienestar integral y el desarrollo personal” de quienes componen la comunidad judicial, y promover “prácticas internas que mejoren el servicio de administración de justicia, poniendo énfasis en la ciudadanía”.
Sin dudas que el avance del proyecto genera expectativa. De hecho, así como Adaro, los gremios se muestran muy satisfechos con el avance de la discusión. “Hace 20 años que pedimos este CCT”, señaló a diario Jornada Ricardo Bambillón, referente de los empleados judiciales. “Tras 60 años sin cambios, es necesario modernizar la carrera judicial”, agregó el sindicalista, destacando que este atraso ha generado situaciones que implican “que nadie conozca su función, que no haya una pirámide escalafonaria o salarial”.
Por eso, Bambillón consideró que esta será una “herramienta fundamental para los trabajadores” para dejar sentados sus derechos.
De todos modos, y como ocurre en todos los ámbitos, el consenso no es total. Dentro del propio sector judicial hay quienes creen que esta iniciativa no será tan útil y que puede generar no pocos conflictos. “El proyecto solo responde a cuestiones salariales de los gremios, que buscan enganchar sus sueldos a los de los jueces”, dijo una fuente interna que prefirió el anonimato.
En este punto cabe aclarar que las actuales paritarias del sector judicial, que de acuerdo con la Ley, no posee autarquía (no administra fondos propios, sino que depende del presupuesto validado por la Legislatura), se equiparan a las del resto de los empleados de la Administración Pública provincial.
Por otro lado, quienes se ubican del lado del disenso, dicen que “se discute poco sobre el rol de la Justicia y sobre cómo la ciudadanía puede evaluar a quienes trabajan en cuestiones judiciales”.
Sobre esto, Adaro reconoció las diferencias. “Es un proceso muy democrático donde hay tensiones y hay visiones distintas”, indicó, pero confió en que finalmente lograrán concretar este primer CCT en 2025.
¿Qué buscamos cuando buscamos justicia?
El motivo inicial de la visita de Adaro a Radio Jornada fue la actual campaña ideada desde el Laboratorio de Innovación Judicial que él lidera, sobre la percepción que tienen los mendocinos sobre la Justicia.
La motivación inicial es preguntarle a la gente: “¿Qué buscamos cuando buscamos justicia”? Y ha sido definida como una “campaña para la reflexión colectiva” sobre los aspectos que se manejan desde los estrados y desde las distintas instancias que implica la tarea judicial.
“Sabemos -a través de encuestas que permanentemente se hacen- que la percepción de la gente sobre la justicia es de baja consideración”, arrancó el supremo. “A partir de esa percepción, la idea era ver en cuánto alguien puede aportar o no, a una sociedad más justa, más equitativa, más pacífica”, continuó.
Fue en esa base que, “desde lo analógico, desde algo más cercano a la ciudadanía”, se proyectó esta campaña, que geográficamente se ubica en la esquina de Colón y San Martín, en el centro de Mendoza y donde los transeúntes pueden escanear un QR para responder o incluso hasta “jugar” a hacerle “tatuajes a la Justicia” para mostrar su grado de conformidad o no con su habitual accionar.