Una sala de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó por 2 a 1 la prohibición del uso de teléfonos celulares para los presos de las cárceles de la provincia.
El tribunal formado por Teresa Day, Dalmiro Garay y José Valerio (quien votó en disidencia parcial), decidió dejar sin efecto una resolución que permitía a los internos utilizar teléfonos en las cárceles.
“Hay que adaptar la situación a la realidad, a los tiempos tecnológicos que corren”, dijo en el programa “Lado A” de Radio Jornada (FM 91.9) el ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio.
“Retiramos los teléfonos que están en blanco y ¿qué pasa con los que están en negro?. Ese es todo un tema complejo porque de los 6.000 internos, no todos tienen teléfonos, ni tampoco son iguales. Hay que afrontar los problemas con racionalidad”, afirmó. En ese sentido agregó que los datos con los que se manejaron indican que hay 4.000 celulares registrados en las cárceles de la provincia.
El juez sostuvo que los celulares se pueden utilizar incluso como herramientas para buscar la resocialización de los internos y dentro de una regulación equilibrada. “Más que del tema comunicación lo que habría que hablar del tema modernidad y la interpretación del derecho de acuerdo a la realidad ya que estamos en el año 2024”, afirmó.
“En el resto estamos todos de acuerdo en retirar los celulares. Es que eso ya lo decidió Sarmiento (Sebastián) y el núcleo de la discusión era ese la continuidad o no. Nosotros no lo hicimos como Corte sino como Cámara de Apelación”, dijo.
“Hay que actuar de acuerdo al avance tecnológico. La reglamentación permite que en lugar de aplicar eso se aplique otra cosa, como por ejemplo celulares. Yo interpreto y digo en lugar de tener un teléfono público o semipúblico por pabellón, tengo un celular quién me va a decir que no porque el tema es que hay que asegurar el nivel de comunicación mínimo”, señaló.
Además, Valerio señaló “Hay que medir y tener racionalidad con las decisiones o posturas que vamos a tomar. Hay casos que deben reglamentarse y actualizarse; no se puede aplicar la misma medida para todos los internos”, afirmó el juez.
Por último, el juez fue consultado sobre el mito o realidad de que la mayoría de los fraudes telefónicos se realizan desde los principales centros de detención del país. “La ONG lo planteó en la audiencia. Los datos no han aparecido. Todos presumimos que eso pasa pero no con los celulares registrados”, señaló.