Por Luis Abrego
Las negociaciones paritarias del sector público son una compleja estación que año a año los gobiernos deben sortear. El contexto nacional de alta inflación supone además el recrudecimiento de los reclamos gremiales y restringe el margen de negociación de quienes administran, al tener que posar a diario un ojo en el Indec y otro en el registro de la recaudación con la que funciona el Estado.
El cálculo oficial del 60% anual que prevé Alberto Fernández parece de difícil cumplimiento con un registro interanual superior al 100% y entonces lejos de ser un punto de referencia o el techo que ilusiona al kirchnerismo, se transforma en un piso ante el furtivo avance de los precios.
Mendoza no es la excepción y la experiencia histórica indica que los cierres de la negociación no siempre son satisfactorios para ambas partes. Por el contrario, las protestas y los conflictos suelen incluir paros, movilizaciones, acampes y otras formas de reclamo que impactan no sólo en la vida cotidiana, sino también en el clima político de una gestión. Obviamente, todo eso se carga de mayor sensibilidad en los años electorales como el presente.
Es por ello que el Gobierno no quiere descontento y los gremios entienden que -como habitualmente sucede y por las razones antes expuestas- la predisposición a un acuerdo sin conflicto es mayor para este 2023. De hecho, siempre en los años electorales hay una expansión del gasto, principalmente destinado a obras públicas y salarios.
Con esa premisa, la de asegurar la paz social, el Gobierno provincial parece encaminado a despejar de la agenda pública los dolores de cabeza de la negociación sindical y sus consecuencias, y a concretar un rápido acuerdo, de largo alcance, capaz de sortear la ventana electoral y que le permita -recién en octubre- determinar en base al escenario inflacionario, la evolución de los salarios de cara al último trimestre.
Así lo ha concretado ya con gremios importantes como son el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), la Asociación de Profesionales de la Salud (Ampros) a los que se sumaron también los trabajadores de Fiscalía de Estado, Contaduría General, Tribunal de Cuentas, Vialidad e Instituto de Juegos y Casinos. Maestros, médicos y especialistas, además de otros empleados públicos que ya tienen aumentos previsibles con revisiones pautadas si la inflación sigue desbocada. Nada menor.
Se trata, hasta el momento, de 7 gremios que aceptaron un incremento escalonado del 71% al salario básico con tres instancias de revisión en junio, julio y octubre, según la evolución del índice inflacionario. Además, el plan oficial incluyó en todos los acuerdos sectoriales demandas específicas que facilitaron los cierres con cada gremio.
En la misma línea, en el Ejecutivo hay expectativas de cerrar esta semana con otro de los gremios denominados "grandes": la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), cuya instancia se encuentra en cuarto intermedio hasta el miércoles 29, pero que ha anticipado que irá por más en la reformulación de la propuesta que pondrá a consideración de sus afiliados. De allí que por ahora en Casa de Gobierno prime la cautela.
Será justamente esa aceptación o rechazo el que selle la suerte de la estrategia oficial de despejar el escenario de cara a las próximas elecciones. En el afinamiento de una propuesta convincente para ATE podrá medirse el acierto de lo que hasta ahora ha resultado un sendero exitoso que aún debe sortear una dura prueba para considerarse significativo. Esta semana podrá ser entonces clave.