La locura argentina parece no tener freno. El fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández expone la descomposición absoluta de un sistema político alterado, donde el odio aparece como la posibilidad de superar las diferencias.
Diferencias que podrán ser irreconciliables pero que jamás podrán justificar un magnicidio o el intento de asesinato a sangre fría de un dirigente.
En democracia, las disputas son dialécticas y luego electorales. Y son, en todo caso las urnas y los votos, los que consagran ganadores y perdedores según lo decida la voluntad popular.
Sin embargo, Argentina viene asistiendo desde hace años a una escalada de violencia simbólica, incluso reforzada con mentiras y desigualdades, que parece haber alcanzado la noche del jueves un límite que jamás debería haber rozado.
Un in crescendo paulatino que durante años ha ido alimentando los extremos de una grieta con la que muchos parecen sentirse cómodos y que lejos de establecer distintos modos de pensar o de gobernar, plantean lisa y llanamente la directa eliminación del adversario. Sea oficialista u opositor. Inadmisible.
Estamos ante un tremendo fracaso de la política, pero también de la democracia que supimos conseguir y mantener en este tiempo.
No hay razón que pueda minimzar o naturalizar un hecho de estas características, ni tampoco dejar de expresar, como ha sucedido -afortunadamente con todo el arco político-, el más férreo repudio. Y consecuentemente también, el más rápido esclarecimiento para que no queden dudas.
Desde la recuperación democrática a fines de 1983 hasta estos días nunca una situación de estas características había alterado la paz social de esta forma. Pese a las crisis históricas recurrentes o los intentos de alteración institucional, nada se compara con este intento de magnicidio tan conmocionante.
La reflexión obvia es que este grave suceso ojalá sea, en serio, un punto de inflexión para recuperar la calma y la convivencia capaz de desterrar definitivamente el odio y la violencia. De la política, pero también de la vida cotidiana de los argentinos.
Nuestra democracia edificada desde el horror del pasado no puede permitirse el lujo de anular el contrato social de su refundación: la vida y la paz. Ese es también un límite que no debemos permitir que se rompa.