Finalmente, la Cámara de Diputados suspendió a Janina Ortiz, la esposa del ex intendente lasherino Daniel Orozco, tras considerar que la estrategia judicial en defensa de las graves acusaciones que pesan sobre ella, no ha sido más que un sinfín de maniobras dilatorias con el objetivo de evadir su responsabilidad.
Ortiz es señalada por el caso de las cooperativas fantasmas en Las Heras, que se supone servían como fuente de financiamiento político y, en otra causa, por coacciones a una empleada municipal a la que habría obligado a mantener relaciones sexuales con un funcionario para obtener información sobre su accionar.
Las acusaciones explotaron en plena campaña electoral en 2023 y pese a la derrota del orozquismo en Las Heras, Ortiz logró ingresar a la Legislatura como diputada por La Unión Mendocina (LUM). Ya electa, los cuestionamientos se transformaron en iniciativas para evitar su asunción; luego, avanzar sobre su desafuero (lo que efectivamente sucedió) y después, culminar con la suspensión votada el martes por una mayoría especial de la Cámara, que aglutinó 34 voluntades no sólo de radicales y aliados del Frente Cambia Mendoza (FCM), sino también de 5 votos peronistas (dato no menor) y dos del Partido Verde (PV).
El interbloque de LUM se opuso con 9 votos a los que se sumaron otros legisladores vinculados con La Cámpora. Un esfuerzo que no alcanzó para dejar fuera de acción a Ortiz y también para suspender su dieta como legisladora, hasta tanto la Justicia se expida definitivamente.
Lo cierto es que la ahora suspendida dirigente entiende que en este tiempo no ha hecho más que ejercer su legítima defensa y más que dilaciones, sus planteos y recursos fueron para objetar las arbitrariedades de la Justicia, pues se asume como una "perseguida" por el poder político.
Tales maniobras, como los fueros que le otorgaban inmunidad (de los que Ortiz no quiso desprenderse sino hasta último momento), y lo que el oficialismo entiende sólo son chicanas procesales, algunas de orden formal o procedimental, constituyeron para los diputados un "comportamiento indigno" (artículo 91 de la Constitución de Mendoza) que -según razonan- afecta al conjunto del cuerpo pues debería haber allanado el camino con mayor premura con el objeto de definir si es culpable o inocente.
Mientras la madeja judicial fue enmarañándose, no ajena a los ritmos y los impulsos de la política, Ortiz entendió que huir hacia adelante podría proporcionarle ingresar a un limbo donde su situación fuera quedando en el olvido, a la espera de los lentos avances de la Justicia.
Justamente, la puesta en marcha de su suspensión (aunque también se barajó su expulsión) pone en contexto que la decisión política corre por vía separada de la sentencia judicial. Aquí fue la política la que juzgó su proceder y la que consideró que no había actuado como la actual composición de la Cámara entiende que lo deben hacer sus miembros.
Parece ser una falacia argumental considerar que esta decisión interna de un poder del Estado ha tenido la atribución de juzgar o no su inocencia o culpabilidad. Sólo se ha concentrado en la conducta deseada que a juicio de sus pares no ha sido la correcta.
Sin embargo, este golpe que Ortiz recibe de la corporación política no sólo potencia la importancia de la causa, sino que además resulta contraproducente al objetivo de su defensa, pues allana aún más el escenario de la demorada imputación.
La tardía defensa de Omar De Marchi y el más que elocuente silencio de Orozco dan cuenta también de la incomodidad que puertas adentro de la LUM ha causado el asunto. Aunque su interbloque, ya con las evidencias del caso consumado, salió también a último momento en su auxilio, sobrevuela en oficialistas y opositores la cansada sensación de dar vuelta la página y dejar que la resolución del expediente se juegue en un sólo plano: el judicial.
Para entonces, es probable que el mandato de Ortiz haya expirado y que las disputas políticas vayan en otras direcciones y hasta con otros protagonistas, Recién allí podrá saberse si el recorrido, y sobre todo las formas que asumió esta novela, fueron efectivas o no hicieron más que complicar aquello que se deseaba poner a salvo. Hartazgo o persecución, el futuro político de Ortiz parece también sentenciado.