Sentado junto a Cristina Kirchner por primera vez en nueve meses en una presentación en público, el mandatario Alberto Fernández buscó endulzar los oídos del núcleo duro kirchnerista, que resiste enérgicamente sus ambiciones de reelección, con un discurso ante la 141ª Asamblea Legislativa caracterizado por los guiños hacia la ex mandataria.
Más que repasar los avances de su gestión, por momentos dio la sensación de que Fernández rendía examen frente a Cristina, con quien no compartía un acto desde junio del año pasado, cuando ambos celebraron en Tecnópolis el centenario de vida de la empresa YPF, horas antes de que Matías Kulfas rodara escaleras abajo como ministro de Producción nacional.
Si bien se abstuvo de hablar de la presunta "proscripción" de la vicepresidenta, después del fallo en su contra en la llamada causa Obra Pública por actos de corrupción, el jefe de Estado sí consideró que Cristina está siendo "perseguida injustamente" en la Argentina y que la Justicia busca su "inhabilitación política" con la sentencia en ese juicio: "simulado", según su opinión.
Primero calificó de "perseguida a Cristina y reclamó celeridad para el esclarecimiento del atentado que sufrió su compañera de fórmula el pasado 1 de septiembre. “Condeno el intento de asesinato a la vicepresidenta”, afirmó en los primeros párrafos de su mensaje.
El jefe de Estado le pidió a la Justicia que “juzgue y condene” a los responsables del atentado. “Les pido que actúen con la misma premura con la que se archivan causas contra jueces y empresarios poderosos”, dijo.
Con un golpe logró levantar la temperatura de un recinto que venía apagado. Fue cuando se metió en el conflicto por la disputa de la Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. alzó la voz el Presidente:
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"Los epiodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina".
"Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país".
Con este mensaje, la oposición estalló en furia incluyendo insultos. El Presidente se tomó el tiempo para responder uno personalizado: "Es un honor que me insulte, diputado Iglesias, es un honor", le dijo al legislador del PRO por la Ciudad.
"Soy orgullosamente porteño -siguió el Presidente, a los gritos-, pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido. (...) Estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria".
Y agregó:
"La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce 'cuestiones políticas no judiciables' y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas".
"Debemos reflexionar sobre la calidad de nuestras instituciones".
Macri no se salvó de la embestida
En el tramo del discurso que exaltó a las dos tribunas, al punto de que llegó a corearse "para Alberto la reelección", Fernández combinó las críticas a la Corte, a la que acusó de "tomar por asalto el Consejo de la Magistratura", y al macrismo, es decir, a lo que considera un sistema de connivencias que asegura haber eliminado.
"Prometí -dijo- que pondría fin a los sótanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno Nacional, no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatal".
"Digo todo esto sabiendo que de nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder", agregó. Teléfono para el amigo Horacio por el escándalo de Lago Escondido y los chats de su ministro de Seguridad, Marcelo D'Alessandro.
"No hablo en abstracto", blanqueó y desarrolló: "Recientemente, tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos, la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, exagentes de inteligencia y políticos".
Como un resumen anticipado de todo lo anterior, el Presidente resumió: "Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos".