La causa por violencia de género que involucra a Alberto Fernández y Fabiola Yañez ha tomado un giro inesperado con la controversia en torno al peritaje del celular de Yañez. Este lunes, la defensa del ex presidente Fernández presentó un reclamo para que la pericia del dispositivo se realice en Argentina, en lugar de en España, donde actualmente reside Yañez. Este pedido busca garantizar lo que consideran la única manera de asegurar la transparencia y la integridad de la evidencia.
El juez Julián Ercolini, sin embargo, mantiene su decisión de que la copia forense del celular se realice en territorio español, bajo la supervisión de las autoridades locales, una medida que había sido inicialmente propuesta por el fiscal Ramiro González. La defensa de Fernández, encabezada por Silvina Carreira, argumenta que realizar la pericia en Argentina permitiría un mayor control sobre la cadena de custodia, reduciendo así los riesgos de manipulación de datos y asegurando que la prueba sea admisible en el proceso judicial.
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La disputa subraya la complejidad y la sensibilidad del caso, en el cual cada paso es minuciosamente analizado por ambas partes. Mientras el juez Ercolini insiste en que la copia forense en España es un procedimiento seguro, que incluso podría ser filmado y transmitido en vivo para garantizar la participación de la defensa, la resistencia de Fernández sugiere una desconfianza latente hacia las garantías ofrecidas por el sistema judicial extranjero.
En paralelo, el celular de Alberto Fernández, que fue confiscado durante un allanamiento el 9 de agosto, también se encuentra en el centro de la polémica. Aunque el dispositivo está bajo la custodia de la Fiscalía, no se ha realizado ningún peritaje, a la espera de que se aclare si hubo hostigamiento por parte del ex presidente hacia Yañez. Si se confirma que no hubo contacto posterior a la notificación judicial, el teléfono podría ser devuelto a Fernández.
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La situación se complica aún más con el pedido del fiscal Carlos Rívolo, quien, en el marco de otra causa que investiga supuestas irregularidades en seguros, solicitó que se perite el teléfono de Fernández para extraer información relevante. Este escenario plantea la posibilidad de que las evidencias recolectadas en un caso puedan influir en otro, extendiendo el conflicto legal y aumentando la tensión entre las partes involucradas.
El enfrentamiento en torno al peritaje del celular de Yañez es un reflejo de la batalla legal que se libra entre dos figuras públicas, y que amenaza con prolongarse mientras las cuestiones técnicas y jurídicas continúan dominando la escena. La resolución de este conflicto podría tener implicancias significativas, no solo para las partes involucradas, sino también para la percepción pública de la justicia en casos de alto perfil.