Como cada miércoles desde hace varias semanas, el microcentro porteño volvió a ser escenario de una protesta encabezada por jubilados, agrupaciones sociales, sindicatos y partidos políticos. Esta vez, con el Congreso de la Nación como epicentro, la movilización fue interceptada nuevamente por un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad bajo el protocolo antipiquetes, y la escena se repitió casi calcada: empujones, gases, detenidos y tensión creciente.
La protesta comenzó minutos antes de las 16, cuando los manifestantes se concentraron en la esquina de Rivadavia y Callao con la intención de iniciar su tradicional ronda. Sin embargo, al igual que en jornadas anteriores, efectivos de la Policía Federal y la Ciudad cercaron la zona con vallas y aplicaron el protocolo diseñado para impedir cortes de tránsito. La fricción con los manifestantes no tardó en aparecer: hubo forcejeos, uso de gas lacrimógeno y al menos dos personas fueron detenidas.
Entre los participantes de esta nueva convocatoria figuraban las Agrupaciones de Jubilados de los Miércoles, pero también hubo adhesiones gremiales, como la CONADU (docentes universitarios) y ambas CTA (Autónoma y de los Trabajadores). La movilización tuvo un carácter doble: además del reclamo por la situación de los jubilados, fue una antesala de la marcha convocada por la CGT para el 30 de abril, con motivo del Día del Trabajador.
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Exigencias
La demanda central de los jubilados gira en torno a cinco ejes: un haber mínimo de $1.500.000; restitución total de la cobertura de medicamentos por parte del PAMI; salarios indexados por inflación y paritarias libres; rechazo a la reforma laboral y defensa del trabajo registrado; y oposición a cualquier intento de modificar la edad jubilatoria.
"Nos movilizamos contra el ajuste que recae sobre quienes trabajaron toda su vida", afirmaron desde las agrupaciones de jubilados, mientras que desde la UTEP señalaron que la jornada también tuvo un componente simbólico: “acompañamos en memoria del legado del papa Francisco”.
El operativo de seguridad volvió a estar en manos del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, que aseguró que el protocolo vigente seguirá aplicándose “con firmeza” para garantizar el orden público. El mismo fue establecido mediante la resolución 943/2023 y desde su implementación ha impedido nuevos cortes permanentes en puntos neurálgicos como la Avenida 9 de Julio.
Pese a los anuncios oficiales de que se evitarían provocaciones, el uso de gases afectó nuevamente a manifestantes, periodistas y fotógrafos. Las cámaras de televisión registraron en vivo el momento en que uno de los detenidos fue trasladado por la calle Entre Ríos, frente al Congreso.
La movilización se dio en un contexto particular: el país transita los siete días de duelo nacional decretados por la muerte del papa Francisco, cuyo funeral se celebrará mañana en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, con la presencia del presidente Javier Milei.