El intento de solución al conflicto entre los traumatólogos de Mendoza y las clínicas y sanatorios que atienden a PAMI duró muy poco. Aunque parecía que ambas partes habían llegado a un entendimiento para atender emergencias durante dos meses, todo se desarmó este miércoles al mediodía y los afiliados siguen sin atención médica.
Durante la mañana, todavía había esperanza: los especialistas habían aceptado continuar prestando servicios para urgencias y emergencias, pero no realizar cirugías programadas. A cambio, las clínicas les pagarían los mismos valores que OSEP, mientras se discutía una solución definitiva.
Pero hubo un punto que hizo caer el acuerdo. Los médicos exigieron que todos los pagos se hagan a través de la Asociación Mendocina de Ortopedia y Traumatología (AMOT), y no de manera individual como proponía Aclisa, la entidad que agrupa a las clínicas. Esa diferencia fue suficiente para dar por terminado el pacto.
Desde Aclisa confirmaron que el conflicto no se resolvió, aunque no dieron detalles. Por su parte, los traumatólogos anticiparon que gestionarán reuniones con PAMI a nivel nacional para solicitar un incremento en los valores que se pagan por cada prestación, y esperan contar con el apoyo del titular del PAMI local, Rodolfo Montero.
Uno de los puntos más tensos del reclamo es el aumento económico. Según explicó José Luis Sánchez Rivas, presidente de Aclisa, los profesionales reclaman una suba del 300% al 400%. Además, piden que se les pague por cada servicio prestado, algo que, según Sánchez Rivas, no es posible porque PAMI paga por cápita y no por acto médico.
El médico también remarcó lo grave que sería no poder atender casos de urgencia, algo que se intentó resolver con este acuerdo provisorio que terminó desmoronándose.
Este conflicto se arrastra desde el 1 de abril, cuando los traumatólogos decidieron dejar de atender a los afiliados de PAMI, argumentando que lo que recibían no era suficiente. Desde la AMOT explicaron que los reclamos comenzaron en noviembre de 2024, y que nunca obtuvieron una respuesta clara.
A medida que el problema crecía, se multiplicaron los interlocutores. Los médicos apuntaron contra las clínicas, que son las que les pagan, mientras que estas sostienen que los fondos los entrega PAMI, y que cualquier modificación debe ser aprobada por la mutual. En Mendoza, 247.000 personas dependen de esta cobertura médica.
El conflicto se volvió tan complejo que el Ministerio de Salud de Mendoza intentó mediar. En un momento, parecía que se había logrado una tregua, pero finalmente el desacuerdo volvió a dejar a miles de jubilados sin atención especializada.
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