El Ministerio de Seguridad de la Nación presentará el próximo lunes una denuncia contra Karina Andrade, la jueza que tuvo a cargo la situación legal de las personas detenidas durante la marcha en defensa de los jubilados. Sucede que la magistrada decidió liberar a todas las personas que habían sido aprehendidas durante la manifestación y claro, cómo era de esperarse, esta decisión no le cayó bien al Gobierno de Javier Milei.
Andrade destacó que su fallo se basó en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión, garantizados por la Constitución Nacional. "Mi sentencia dejó claro cuál es el ABC de la detención de una persona en nuestro país. Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución", afirmó en una entrevista radial este sábado.
Te puede interesar
La jueza citó el trabajo del constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un "derecho baluarte del sistema democrático".
Sin embargó, la cartera que conduce Patricia Bullrich ya adelantó que acusará a Andrade por sospecha de incumplimiento de los deberes de funcionario público y de prevaricato, un delito que se comete cuando un juez, funcionario o abogado dicta resoluciones contrarias a la ley.
Eso, al menos, es lo que entiende el Gobierno que hizo la magistrada a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.