La reciente decisión del Gobierno de Javier Milei de habilitar el autoservicio en estaciones de combustibles ha generado un intenso debate en todo el país. Aunque se presentó como una medida moderna y eficiente, la falta de claridad en su implementación y la oposición de legislaciones provinciales han colocado esta iniciativa en el centro de la controversia. Además, el rechazo por parte del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio suma un nuevo frente de conflicto.
Legislaciones provinciales en conflicto con la normativa nacional
El anuncio, que fue difundido con entusiasmo desde la Casa Rosada y defendido públicamente por el ministro Federico Sturzenegger, carece de un plan detallado sobre cómo se implementará en todo el territorio nacional. Si bien hubo pruebas piloto en la Ciudad de Buenos Aires y en una localidad de Mendoza, el decreto publicado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado no contempla las regulaciones locales existentes.
De hecho, esta falta de previsión ha generado un choque directo con las normativas de provincias como Buenos Aires, La Pampa y Jujuy, que cuentan con legislaciones que prohíben expresamente el autodespacho. En el caso de Buenos Aires, la ley 13.623, promulgada en 2007 durante la gestión de Felipe Solá, establece que las estaciones de servicio deben estar atendidas por personal capacitado, lo que descarta cualquier posibilidad de autoservicio.
Según Patricio Delfino, referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles bonaerense, esta situación crea una contradicción entre la normativa nacional y las leyes locales. “Si un operador en Mar del Plata decide implementar el autoservicio, probablemente enfrente inspecciones de las autoridades laborales que clausuren el establecimiento hasta que retome las condiciones anteriores”, explicó.
El impacto en el empleo y la reacción sindical
Más allá de las limitaciones legales, el anuncio ha provocado una reacción contundente del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE). El secretario general del gremio, Carlos Acuña, advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de esta medida, señalando que podría significar la pérdida de hasta 70.000 puestos de trabajo en todo el país.
"Sólo aumentará las ganancias de las petroleras y estaciones de servicio a costa de los empleados", afirmó Acuña, quien además recordó que la modalidad de autoservicio no ha tenido aceptación entre los clientes argentinos. “Aquí no existe el estado de bienestar que tienen en Europa o Estados Unidos. En nuestro contexto, donde la desocupación sigue siendo alta, esto no puede considerarse un avance tecnológico. Es un retroceso disfrazado”, enfatizó.
El sindicato ha planteado la posibilidad de realizar paros en rechazo a esta iniciativa, posicionándose firmemente en defensa de los trabajadores. Para Acuña, el autodespacho no solo amenaza la estabilidad laboral, sino que también desestima el servicio que históricamente han brindado los playeros en las estaciones de servicio del país.
Una medida en el limbo
A pesar de las críticas y las limitaciones legales, el decreto establece que la implementación será a nivel nacional. Sin embargo, las contradicciones entre las normativas locales y las ambigüedades en el plan de acción dificultan su puesta en práctica. El caso de Buenos Aires, La Pampa y Jujuy es emblemático, pero no son las únicas provincias que podrían resistir la medida.
Mientras tanto, el debate sobre el autoservicio continúa escalando, enfrentando al Gobierno con los gremios, las legislaciones provinciales y una sociedad que, según expertos, no termina de aceptar la idea de asumir el rol de playero.
En este contexto, el autodespacho de combustibles, presentado como un paso hacia la modernización, parece estar lejos de consolidarse como una realidad en Argentina. Las tensiones legales y sociales, sumadas al fuerte rechazo sindical, auguran un camino complicado para esta iniciativa que, por ahora, sigue generando más dudas que soluciones.
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