El desafío de su puesta en vigor es mucho más amplio que la simple aplicación de una política fiscal acertada, ya que involucra también la vigencia y práctica de los valores institucionales, que son críticos para su éxito en beneficio de las sociedades
Mario Alejandro Scholz especial para El Pais
Un reciente artículo del investigador Bernardo Kliksber sobre los países nórdicos (Suecia, Noriega, Finlandia, Dinamarca e Islandia) destaca las bondades del modelo económico-social adoptado y sus excelentes resultados, persistentes a lo largo del tiempo.
Como prueba incontrastable señala que desde que se inició hace treinta años la medición de la ‘calidad de vida’ en los distintos países, creando para ello el Índice de Desarrollo Humano (IDH) bajo la iniciativa del Premio Nobel Amartya Sen, con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Noruega ocupa sistemáticamente el primer lugar; es decir, la mejor calificación en los últimos treinta años en un indicador que compara la situación de todos los países del planeta, y donde además entre los primeros diez se ubican todos los nórdicos.
Otros indicadores sobre el bienestar en los países nórdicos refuerzan esa valuación: se encuentran entre los primeros diez en el ranking de ‘movilidad social’ del Foro Económico Mundial, entendida como la capacidad de progreso y superación de una sociedad moderna de generación en generación, y otro tanto en los indicadores de Bloomberg sobre “naciones innovadoras”.
Finalmente, se destacan las naciones nórdicas por tener los coeficientes de Gini más bajos, es decir, las distribuciones del ingreso más igualitarias, en un planeta en el que el problema de la injusticia distributiva ya está asumido como uno de los más críticos: en poco tiempo el ingreso del 1% más rico de la humanidad equivaldrá al ingreso del restante 99%.
Para el análisis de Kliksberg, la clave de este progreso nórdico reside en el Estado de Bienestar, a partir de un acuerdo o pacto económico social colectivo que garantiza el acceso con sentido universal a bienes básicos, es decir salud, educación y todo lo atinente a la protección social, amén de políticas específicas de apoyo al desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías a las Pymes, así como políticas de ingresos que implican una menor dispersión de salarios entendida como la distancia entre las remuneraciones más altas y las más bajas, con el agregado de formas de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas privadas.
Son países de gran participación cívica ciudadana, con amplia libertad de prensa y con un sentido de igualdad respaldado en la cultura de sus pueblos, que además se destacan por haber logrado las situaciones de menor discriminación de género, es decir, los mayores avances en la igualdad de género a nivel mundial.
La conclusión del trabajo que comentamos es que el Estado de Bienestar es la razón principal de los buenos resultados en la calidad de vida de estos pueblos, antes que cualquier otra explicación que se intentara, y mucho menos una consecuencia del progreso, del que son en rigor su causa.
Sin agregar más por ahora al comentario del autor, cabría explicar que detrás del logro de un modelo avanzado de Estado de Bienestar se encuentra la existencia de una política proactiva, que incluye medidas en materia económica como las antes comentadas y que no excluyen la acción del Estado, entendida no ya como la intervención directa en la producción de bienes y servicios, sino en regulaciones respetuosas del mercado.
Algunas de las economías nórdicas están dentro de la Comunidad Europea, en particular Dinamarca, Suecia y Finlandia, otras no (Islandia y Noruega), y no todas cuentan con recursos naturales copiosos (solo se destaca Noruega en materia petrolera), por lo que más allá del orden general, del respeto a la economía de mercado y la propiedad privada, del aprovechamiento del comercio internacional y de las alternativas de cooperación, el factor común -cabe insistir- es el modelo social. De este modo, el trabajo de Kliksberg nos permite concluir no solo que no ha muerto el Estado de Bienestar, sino que su existencia es garantía de progreso social y económico.
Normas y leyes
Como es obvio, muchas de las acciones del modelo del Estado de Bienestar exigen gastos y no simplemente reglas, normas o leyes para su seguimiento generalizado, por lo que cuanto más rico es un país en términos de los recursos que puede captar su Estado, es decir el fisco, mayor será el volumen de gastos que puede asumir para sostener sus políticas de bienestar.
Este aserto es el que a los críticos negativos del modelo los llevaría a la afirmación de que ciertos beneficios del Estado de Bienestar, como los servicios asequibles de salud y educación entre otros, son un lujo reservado para países ricos antes que una política a seguir por las distintas naciones y sus gobiernos. Por el contrario, el modelo de bienestar es el que puede asegurar el progreso de una nación al posibilitar acuerdos sociales básicos comunes a todos, que hacen viable el desarrollo y la prosperidad.
Ahora bien, según cada estado de desarrollo y, en consecuencia, de captación de recursos fiscales, con políticas tributarias progresistas en el sentido redistributivo, pero sin superar los límites de los estándares internacionales, tendremos un nivel de Estado de Bienestar posible.
Por un lado, es claro que la captura de impuestos no puede exceder aquellos límites que arriba comentamos, por cuanto para las naciones en desarrollo una excesiva ambición redistributiva termina perjudicando el ingreso de capitales, que constituyen el recurso escaso por excelencia para esas naciones y, en consecuencia, desalentando y dañando las inversiones. Y sin inversión no hay desarrollo económico, y sin éste tampoco desarrollo social.
Por el otro lado, las tendencias modernas en materia fiscal destacan el rol redistributivo del gasto. Un extremismo de algunas izquierdas sigue volviendo sobre políticas tributarias recaudatorias como remedio, es decir, aumentando la presión impositiva por encima incluso de aquellos estándares que se tienen en cuenta al decidir la localización de los capitales, olvidando que una vez tocados los límites de la presión tributaria, el problema redistributivo se centra en la aplicación del gasto público.
Los ideales socialdemócratas entendidos como el logro de una sociedad más progresista e igualitaria, con altos índices de desarrollo humano, siguen vigentes.
La pregunta entonces no es, en definitiva, sobre la necesidad y existencia del Estado de Bienestar, cuyo éxito es incontrastable en la experiencia internacional, sino más bien en sus alcances, en el Estado de Bienestar posible para cada estado de desarrollo de una economía. Y dada la escasez de recursos, su distribución entre los principales objetivos sociales y, para ello, la fijación de las prioridades resulta la clave en el posible avance del modelo de bienestar.
La segunda cuestión por fuera de los recursos, pero que en definitiva involucra su uso adecuado, es el logro de la cultura del modelo, que implica fortaleza de las instituciones, independencia efectiva de la justicia, libertad de prensa, transparencia, lucha contra la corrupción y sentimiento social de la igualdad. Sin esa cultura política y social, sin la presencia y práctica de esos valores, es cuasi imposible lograr una adecuada distribución de los recursos disponibles, y hasta un cobro racional de los impuestos.
Los ideales socialdemócratas entendidos como el logro de una sociedad más progresista e igualitaria, con altos índices de desarrollo humano, siguen vigentes a pesar de los que proclaman, sin mayor sustento como vemos, el fin del Estado de Bienestar, para luego emitir su acta de defunción.
Del otro lado, debería entenderse que el desafío del modelo de bienestar en la práctica no es una cuestión meramente ‘técnica’, consistente solo en medidas adecuadas en materia fiscal y de desarrollo económico. Este desvío conceptual es propio de muchos populismos latinoamericanos, que pretenden solo con la aplicación de más impuestos y otras políticas voluntaristas ocultar la corrupción y la ruptura de los equilibrios institucionales, particularmente la independencia de la justicia, la transparencia y la propia libertad de prensa.
Es por ello necesario recordar que el desafío del modelo de bienestar, de su puesta en vigor, es mucho más amplio que la simple aplicación de una política fiscal acertada, del logro de acuerdos económicos y de la instrumentación de diversas medidas regulatorias en el plano técnico, e involucra también la vigencia y práctica de los valores institucionales que son críticos para su éxito en beneficio de las sociedades.