Por Diego Barovero
La República Argentina ha superado ya los dos siglos de historia como Nación independiente y más de la mitad de ese tiempo la UCR ha sido parte protagónica de ese derrotero, independientemente de triunfos o fracasos desde el punto de vista electoral, ya que el radicalismo ha transcurrido más tiempo de su vida en el llano que en el gobierno. Porque culturalmente el radicalismo es una permanencia y no una circunstancia, ajena al pragmatismo y al oportunismo. Es “la corriente histórica de la emancipación del pueblo argentino”, según su Profesión de Fe Doctrinaria.
La doctrina radical establece fines y objetivos generales de orden democrático, programa diseñado oportunamente por los constituyentes de 1853, que permanecen inalterables. Lo que cambia necesariamente son los medios e instrumentos para llevar a cabo esos principios. Ninguno de los grandes líderes que el radicalismo obsequió a la historia de la República (Alem, Yrigoyen, Alvear, Sabattini, Lebensohn, Larralde, Balbin, Illia, Alfonsín) planteó jamás un alejamiento de los valores históricos esenciales y constitutivos de nuestra nacionalidad condensados en la Constitución.
La UCR tiene por razones morales un peso cualitativo igual o superior al número de sus afiliados, sus militantes o sus votantes ya que tiene a su cargo un deber adicional al del resto de las colectividades partidarias: su condición de agente pacificador y de búsqueda del bien común y el bienestar general , aún a costa de sus propios intereses de facción. Vale decir que en sus fines es superior el solidarismo por sobre el individualismo.
Las crisis y rupturas radicales han aparejado discontinuidades institucionales de notoria incidencia social poniendo en emergencia la gobernabilidad democrática. Las mayores tragedias institucionales argentinas derivaron de las divisiones radicales, 1924 y 1956 básicamente.
Su rol desde su fundación y el tránsito a través de tres siglos de vida sigue siendo fundamental en la construcción para el país de una agenda política republicana y democrática pero orientada decididamente a la construcción de una sociedad igualitaria con progreso social.
La Argentina, un país imprevisible, no obstante y pese a todas las vicisitudes cuenta con una red bastante sólida integrada por un puñado de políticas de Estado de carácter igualitario en torno a las cuales existe un consenso generalizado y pacífico en la actualidad.
Si bien una de las fundamentales, la educación primaria común obligatoria gratuita y laica (ley 1420) es herencia de la Generación del ‘80, otras de ellas son el resultado de décadas de prédica y lucha del radicalismo que fueron finalmente incorporadas a la cultura política general, a saber: la soberanía popular como fuente de legitimidad del sistema republicano y democrático desde la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912; la consagración de los principios de la Reforma Universitaria como paradigma de organización de la enseñanza superior (autonomía, cogobierno, libertad de cátedra, concursos, gratuidad, bienestar estudiantil y extensión universitaria); la consagración constitucional de los derechos sociales que incluyen los derechos del trabajador, de los gremios y sindicatos y de la seguridad social en el artículo 14 bis, que tiene aún pendientes de operatividad algunas de sus cláusulas, aunque es sólido basamento para la existencia de un sistema de previsión social que ha asegurado una política ampliamente inclusiva de los sectores más vulnerables de la sociedad ;
finalmente el valor del respeto inalienable a los derechos humanos y una política de justicia basada en la verdad y no impunidad por las violaciones masivas a los mismos producidos en las décadas de 1970/80, algo novedoso en el mundo para una transición democrática no negociada con los dictadores salientes.
En definitiva, todas ellas constituyen un legado de notoria inspiración radical.
Esa es a mi juicio la justificación histórica y la misión política que ha tenido y tiene la Unión Cívica Radical. En gran medida dependerá en el futuro de que haga honor a ese compromiso.