El adelanto de la postura que Alberto Fernández expresó esta semana en La Pampa y que parece decidir el futuro sobre Portezuelo del Viento es un estiletazo esperado, pero no por ello menos doloroso. Una especie de certificado de defunción anticipado para quien ya casi no tiene signos vitales.
Frente a un auditorio deseoso de escuchar lo que finalmente el Presidente dijo allí, afirmó que su postura ante al laudo arbitral solicitado por Mendoza será la de requerir nuevos estudios de impacto ambiental como -justamente- había argumentado de manera imprescindible el gobernador pampeano y también oficialista Sergio Ziliotto, que sentado a su derecha, no cabía en su sonrisa.
La decisión presidencial termina de confirmar que al menos desde lo político, y en el actual esquema de poder, Portezuelo del Viento es inviable, tal como desde la propia gestión de Rodolfo Suarez se venía advirtiendo ante la sucesión de escollos. Y que en todo caso, aquella prudencia con un proceso licitatorio en marcha tenía en realidad fundadas razones para no generar -a futuro- derechos adquiridos que habilitaran intervenciones judiciales en un proceso sinfín.
De hecho, en Casa de Gobierno se encargaron de recordar que ante tanta controversia, desde el PJ le habían pedido a Suarez, en su momento, que adjudicara la obra como una señal de autodeterminación e interés concreto hacia la Nación en su construcción. Algo a lo que el Ejecutivo provincial no sólo se negó sistemáticamente, si no que ahora se razona, hubiera sido un claro error y una fuente de litigio millonaria que se logró evitar.
Sin embargo, la verbalización presidencial causó gran impacto en Mendoza al ver que finalmente la esperanza de “la obra del siglo” se desmorona y con ella las expectativas de la política, pero también del sector privado por un vector de dinamización, con fondeo en dólares, para la alicaída economía provincial.
Al obvio reproche de Cambia Mendoza, que aún así espera la efectiva redacción y notificación del laudo para considerar los pasos a seguir (algo que podría suceder de aquí a agosto), se sumó también el de la propia referente kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti, quien no sólo catalogó de “caprichosa y demagoga” la postura del gobierno pampeano, sino que aprovechó la ocasión para cuestionar al mismo Presidente en el contexto de la feroz interna que atraviesa al Frente de Todos.
Pataleos aparte, y mientras el laudo se corporiza, una ardua puja se ha desatado por el destino de los 1.023 millones de dólares que Mendoza pensaba destinar a Portezuelo y que ahora tendrá que distribuir de otra manera, aunque siempre destinados a proyectos hídricos capaces de mejorar la productividad y la generación de energía. Allí están entonces, en el banco de suplentes, presas como El Baqueano o Los Blancos. Pero no son las únicas posibles.
Y si bien existe el compromiso de abrir un debate profundo y hasta hay quien imagina que ese consenso sea ratificado por ley, con un estricto criterio federal, el temor es la prolongada inmovilización de esos fondos mientras aquí seguimos jaqueados por el desempleo y la pobreza.
Mucho más grave aún, la palmaria sensación de discriminación que rotula el vínculo entre Fernández y Mendoza, quien por un criterio estrictamente político partidario parece dejar de lado un proyecto capaz de reconvertir el Sur provincial y además contribuir con la provisión de energía para el resto de la Provincia.
Aniquilado en el camino, o muerto antes de nacer, Portezuelo asume la silueta quijotesca de los molinos de vientos, de aquellos imposibles que de tan imaginarios y deseados parecen reales aunque al final del camino no sean más que ilusiones jamás concretadas. Y por ende, nuevas frustraciones para una Mendoza que no acierta razones ni motores de desarrollo. Solo lamentos que de repetidos cada vez tienen menos fuerza.
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