La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó por amplia mayoría una iniciativa del Poder Ejecutivo que extiende los plazos para la regularización dominial y la cancelación anticipada de viviendas otorgadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Con 30 votos a favor y 7 abstenciones de los senadores de la Unión Mendocina, el proyecto avanza ahora hacia su promulgación por el Ejecutivo.
El senador Walther Marcolini, presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, fue uno de los principales defensores de la propuesta, destacando los beneficios que ha traído a miles de familias que han logrado escriturar sus viviendas. Sin embargo, también advirtió sobre los desafíos que enfrenta el IPV, especialmente debido a la alta morosidad en los créditos activos, que alcanza al 57% de los adjudicatarios.
Durante su intervención, Marcolini reveló que, de los 35 mil créditos que podían ser cancelados bajo la Ley 9378, el 60,5% ya han sido regularizados, lo que permitió recaudar $371.300.000 entre junio de 2022 y diciembre de 2023. A pesar de estos avances, subrayó que la situación económica del país ha complicado la recuperación de la cartera crediticia del IPV, razón por la cual el proyecto aprobado contempla la cancelación de deudas cuyo saldo sea inferior al 30% del salario mínimo vital y móvil, beneficiando a más de 24 mil adjudicatarios.
Te puede interesar
El debate también contó con la intervención del senador Dugar Chappel, del Partido Verde, quien apoyó la prórroga, pero instó a una revisión integral del sistema de financiamiento de viviendas en la provincia. Chappel criticó los mecanismos actuales, señalando que no han sido efectivos para reducir el déficit habitacional en Mendoza y resaltó la necesidad de políticas más audaces para abordar este problema de manera estructural.
Por su parte, el senador Valentín González, representante de la Unión Mendocina, justificó la abstención de su bloque argumentando la necesidad de una reforma integral del sistema de créditos del IPV. González sostuvo que, aunque la medida es un paso positivo, se requiere un análisis más profundo y una reestructuración del sistema para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Cerrando el debate, la senadora oficialista Natacha Eisenchlas defendió las políticas habitacionales implementadas por el Gobierno provincial desde 2015. Eisenchlas destacó que Mendoza ha asumido gran parte del financiamiento de la construcción de viviendas sociales, ante la disminución de aportes nacionales. Asimismo, informó que desde 2015 se han construido más de 15 mil soluciones habitacionales, y que en 2024 el IPV contará con uno de los mayores presupuestos del país en su rubro, subrayando la importancia de la colaboración público-privada en la construcción de nuevas viviendas.
Alcances de la medida
La iniciativa aprobada amplía los beneficios para los adjudicatarios de viviendas y créditos, permitiendo que más familias puedan regularizar su situación. Además de facilitar la escrituración definitiva de las viviendas, se introduce un régimen especial que permite la cancelación anticipada de deudas con descuentos significativos, beneficiando especialmente a aquellos con saldos pendientes de baja cuantía.
La extensión de estos beneficios estará vigente hasta marzo de 2026, con la posibilidad de una prórroga hasta 2027, brindando un plazo adicional para que los adjudicatarios puedan regularizar su situación y escriturar sus viviendas. Tras la sanción en ambas Cámaras, la iniciativa se encuentra a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo, que dará el paso final para su implementación.