Este lunes se analizó un proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Sociales y Trabajo del Senado que busca mejorar la inserción laboral de nuevos egresados a través de un apoyo económico. La iniciativa es para quienes han completado estudios universitarios y desean comenzar su carrera profesional de manera independiente.
Se trata del Programa de Impulso Laboral (PIL), que busca combatir los altos índices de desempleo y dificultades económicas. La autora del proyecto, la senadora Flavia Manoni, destacó que los estímulos se otorguen exclusivamente a ciudadanos argentinos y a graduados universitarios.
Te puede interesar
Manoni también aclaró que su proyecto se plantea como un programa de articulación, sin obligar al Estado provincial a implementarlo, sino promoviendo la colaboración entre el sector público y privado para apoyar a los profesionales.
La ley propone la creación de dos líneas de crédito específicas para los recién graduados, sin los requisitos exigentes que suelen dificultar el acceso a los préstamos bancarios tradicionales. Los beneficios están dirigidos a quienes tienen una antigüedad máxima de tres años en la matrícula o en la obtención del título. Para acceder, deberán cumplir con requisitos básicos: ser mayor de edad, tener nacionalidad argentina, y haber completado una carrera universitaria.
El Programa de Impulso Laboral contempla dos tipos de financiamiento. En primer lugar, el Crédito Impulso Graduado para Espacio Físico, orientado a la apertura y adecuación de oficinas o consultorios. En segundo lugar, el Crédito Impulso a Graduados para Insumos, que permite adquirir herramientas, insumos y otros elementos necesarios para el ejercicio de la profesión. Ambos créditos tendrán tasas de interés preferenciales y estarán disponibles para profesionales que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
Además, la iniciativa invita a las entidades bancarias de Mendoza a implementar acciones similares, promoviendo así un acceso más amplio a este tipo de beneficios.
Te puede interesar
Los miembros de la comisión coincidieron en enviar el proyecto tanto al Ministerio de Hacienda y Finanzas como al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, con el fin de estudiar su viabilidad antes de continuar con su tratamiento legislativo.