Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, intentó justiciar este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el juicio político contra los miembros del máximo tribunal argumentado que Cristina Kirchner era una víctima de la “persecución”.
Horas después, dicho Consejo pidió a la Argentina que “asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales”.
También pidió que la Argentina “mejore las condiciones en las prisiones” y “garantice la legalidad en el uso de la fuerza y investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”.
Pietragalla Corti había defendido a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a la dirigente Milagro Sala, y cuestionó las condenas judiciales en contra de ambas en una exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Para ello sostuvo que a la exmandataria se la busca proscribir y que la jefa de la Tupac Amaru está detenida “arbitrariamente” en Jujuy. En paralelo, pidió apoyo internacional para la ofensiva del Gobierno contra la Corte Suprema y para reformar la Justicia.
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Fue en el marco del 42º Período de Sesiones del Examen Periódico Universal donde Pietragalla puso sobre la mesa los cuestionamientos del Gobierno a la Justicia. Según indicó, “el caso emblemático de lawfare en la Argentina es el que tiene por víctima a la actual vicepresidenta” que “ha enfrentado un sinfín de procesos judiciales carentes de toda racionalidad jurídica”.
En este contexto el funcionario señaló que Cristina Fernández de Kirchner “ha sido condenada en primera instancia por el manejo de obras públicas, sin tener en cuenta que tales obras fueron dispuestas por una ley emanada del Congreso nacional y ejecutadas por funcionarios” y que “se vulneró su derecho a la defensa, al rechazarse la prueba por ella propuesta”.
“Se la sometió a juicio por hechos que ya habían sido juzgados y se la condenó por la responsabilidad objetiva que tenía por su sola condición de presidenta. Es claro que, bajo la excusa de sanción de hechos delictivos, se siguen violando garantías fundamentales del estado de derecho, porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política”, remarcó.