Por Luis Abregro
El debate que por estos días se lleva a cabo en la Legislatura sobre la modificación del funcionamiento de la Suprema Corte ha agitado las aguas de la política local, entretenida durante semanas con el vertiginoso escenario nacional.
La propuesta de Rodolfo Suárez se presenta como una continuidad de las reformas iniciadas en la era de Alfredo Cornejo y apuntan -principalmente- a dotar de mayor agilidad y transparencia al máximo tribunal. Por ende, aseguran que se trata de un “proyecto superador” del actual esquema, que flexibiliza y desburocratiza, al equipar la tarea de los jueces supremos cuya saturación suele ser motivo también de demoras del servicio de justicia.
Sin embargo, la oposición desplegó sus alertas ya que considera que la iniciativa busca minar la independencia judicial, y con ello, asegurar el control del único poder que de vez en cuando le da malas noticias al Gobierno al emitir fallos con los que no concuerda. La “partidización” de la Justicia, aseguran, es un peligro latente.
Con mayoría legislativa propia y el manejo del Ejecutivo, ambas situaciones producto de la continuidad de triunfos electorales de los últimos 10 años, efectivamente, el radicalismo y sus aliados han desplegado una hegemonía en los poderes públicos que incluso se trasladó a la Corte, ya que entre Cornejo y Suárez han nombrado a tres de sus siete miembros.
Un escenario que en todo caso se descompensa cuando en el actual sistema de salas (la I, Civil y Comercial; y la II, Penal y Laboral) la denominada “ala peronista” (Julio Gómez, Mario Adaro y Omar Palermo) votan según convicciones y saberes que no son siempre del agrado del Gobierno. En especial en la Sala II en la que cuentan con mayoría para imponer sus fallos Adaro y Palermo. Muchos de ellos, además, que sientan jurisprudencia.
Y lo más cuestionable: como se conoce el pensamiento de los supremos, algunas causas se direccionan para obtener el aval del máximo tribunal, y con ello, habilitar el denominado “fórum shopping”. Lo que tal vez explique, entre otras razones, que allí en la Sala II, se diriman más del 70% de las causas que llegan a la Corte.
Por ello, el proyecto prevé la eliminación de las salas y el sorteo de todas las causas para que cualquier supremo (incluso su presidente) pueda involucrarse en expedientes de diferentes ramas del Derecho, más allá de cual sea su orientación profesional. Algo que según algunos estudiosos sería perder la especialidad de los asuntos a tratar y con ello, debilitar los fundamentos de la sentencias.
Pero también se propone el establecimiento por ley de aquellos litigios que obligatoriamente deben decidirse en plenario, es decir con los 7 miembros presentes, lo que haría de la Corte un tribunal colegiado como es a nivel nacional, y no como es actualmente que una sala con tres (o dos) votos puede definir o interpretar la ley en tal o cual sentido.
Polémicas aparte, el proyecto no sólo ingresó en la órbita de la discusión partidaria, sino también en el pantanoso terreno de las internas. Incluso, la del propio oficialismo: Omar De Marchi puso en duda el aval de los legisladores del Pro que le responden en ambas cámaras y que el Gobierno necesita para dotar de mayor consenso a lo que se sancione.
Lo cierto es que el Ejecutivo arriesga aquí no sólo la posibilidad de coronar una ley que cambie la manera de funcionar de la cúpula de la Justicia, sino también la voluntad de transformar una iniciativa de aparente rigor técnico en un éxito político. Incluso con la inesperada resistencia de dos ex supremos, referentes del Derecho y no identificados con el peronismo, como son Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde.
La pulseada se ha transformado en un contrapeso de fuerza intensa para Suárez ante la multiplicidad de frentes a convencer (desde el del propio Cambia Mendoza a la opinión académica que expresan los notables Kemelmajer y Pérez Hualde, pasando por el lógico rechazo peronista) pero no por ello imposible de lograr.
Un debate interesante y que no debe hacer perder a los protagonistas el único objetivo que debe tener cualquier modificación en este ámbito: mejorar sensiblemente el sistema de Justicia, para que de manera oportuna y consecuente, repare daños y establezca horizontes de previsibilidad e igualdad para los ciudadanos. Algo que no siempre sucede.