La multitudinaria Marcha Federal Universitaria parece haber dejado un puñado de lecturas políticas que no necesariamente van de la mano de los análisis lineales tanto de oficialistas como de opositores.
Es que hasta el momento, Javier Milei se había enfrentado a conflictos en los cuales podía capitalizar y hacer rendir el relato que lo depositó en la Casa Rosada. Así lo hizo con los privilegios de la clase política y sus ramificaciones empresarias (a la bautizó como "la casta"), pero también con las lógicas sindicales o el uso indiscriminado del Estado para uso privado.
Pero frente al capital simbólico que en Argentina significa el concepto de la educación pública, y en particular del valor aspiracional de la Universidad nacional, el presidente parece haber obrado con desconocimiento o extrema audacia por no decir imprudencia, en post de conseguir el ansiado déficit cero.
El claro desfinanciamiento producto de la no actualización inflacionaria de las partidas presupuestarias pensadas con valores de 2022 para el ejercicio presupuestario de 2023 y luego reconducidas en 2024, agudizó la necesidad de visibilizar un conflicto cuya demanda es transversal; en términos del amplio abanico partidario y que además incluye todos los sectores sociales, pues ha sido un fenomenal vehículo de superación personal, de movilidad ascendente. De sueños cumplidos.
Se cuentan por generaciones los millones de argentinos que pudieron dejar atrás situaciones de adversidad fruto de la posibilidad de estudiar y tener un título universitario. Que establecieron un nuevo horizonte, mejor que el que tuvieron sus padres y abuelos.
Hoy, son aquellos ancianos que salieron a pedir que sus nietos puedan seguir teniendo el mismo derecho que ellos tuvieron. Pero claramente, tanto en Buenos Aires como en Mendoza y en todas las ciudades del país, quienes mayoritariamente marcharon fueron los jóvenes que actualmente están cursando una carrera universitaria y ven su futuro menguado.
Jóvenes, mayoritariamente de clase media que, como demuestran diversos estudios de opinión, acompañaron recientemente con fuerza de ola electoral el triunfo de la Libertad Avanza (LLA) y de Milei. Sólo que aquí le mostraron un límite. Una disonancia que puede ser una seria advertencia para el Gobierno.
Está claro que este reclamo genuino tuvo también fuertes intentos de cooptación para transformarla en una marcha opositora. Principalmente, por parte del mismo kirchnerismo, que a su turno, desfinanció la Universidad y las intentó utilizar como parte de su propia batalla cultural. El palco nacional con figuras que fueron a buscar allí rédito político le hizo un flaco favor a la contundente expresión de la comunidad universitaria.
Un colectivo de estudiantes, egresados, docentes y no docentes que también se vieron sorprendidos al caer en la cuenta que esa marcha no fue leída como un reclamo corporativo (al estilo de la CGT o de los beneficiarios de los planes sociales), sino que tuvo el amplísimo acompañamiento de una sociedad que valora los aportes principalmente educativos y académicos pero también en materia de extensión (desde hospitales, consultorios y laboratorios, a la oferta deportiva o cultural, por citar algunas) así como de investigación que la Universidad argentina realiza a diario.
El Gobierno parece haber recibido el golpe de tan masiva e histórica movilización pero insistió en la concreción de auditorías que todavía no tienen un responsable ni un procedimiento, a pesar que las cuentas del sistema universitario argentino están bajo control de la Auditoría General de la Nación (AGN) y por ende del Congreso de la Nación en base a la autonomía que la Constitución Nacional consagra.
Al día siguiente, el Poder Ejecutivo no sólo salió a despejar dudas sobre cierres de Universidades que si bien nunca había explicitado, en la práctica, sus funcionarios alentaron un persistente mecanismo de asfixia económica más propio de la lenta agonía que de un estímulo para su florecimiento. Y convocó a los rectores a una reunión para la semana próxima que ojalá sea la ocasión para retomar el camino del diálogo y la sensatez perdida.
Es probable que el sistema universitario nacional se deba una fuerte discusión sobre su efectividad y sostenimiento, pero está claro que esa discusión de la mejora no podrá hacerse con docentes y personal de apoyo mal pago, con sistema débiles de becas, con parálisis de la investigación y la extensión, infraestructura deficiente o falta de insumos para las prácticas donde se forman los profesionales. O que ni siquiera puedan afrontar el pago de las facturas de los servicios públicos, mínimos e indispensables para abrir sus puertas.
Tal vez haya que rescatar las palabras de la joven Piera Fernández (27 años), presidenta de la Federación Universitaria Nacional (FUA) cuando ante millones de adultos que la escuchaban en Plaza de Mayo o en la transmisión televisiva aseguró: "No queremos que nos arrebaten nuestros sueños: nuestro futuro no les pertenece..." y tiene razón.
La Universidad pública no sólo ha sido pilar del desarrollo nacional, sino también un motor de crecimiento individual y colectivo que los argentinos de ninguna manera quieren perder. Ese fue el mensaje explícito que nadie debe desconocer. Quedará en manos del Presidente decidir qué quiere hacer con ello, pero que no cuente con los cientos de miles que en todo el país nos movilizamos en su defensa. Y en la defensa de los sueños de los que vendrán.