La Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un requerimiento de información dirigido al Ministerio Público Fiscal, con el propósito de obtener detalles sobre la imputación penal a los directivos y exdirectivos de Fecovita.
En el documento oficial se solicita conocer el estado actual de la causa, las acciones judiciales llevadas a cabo y los elementos considerados en la imputación dentro del expediente P-17.924/2023, radicado en la Fiscalía de Delitos Económicos Nº 7, a cargo de Juan Tichelli, bajo la supervisión del Fiscal en Jefe, Alejandro Iturbide. La petición deberá ser tratada en el recinto la próxima semana, junto con la posibilidad de acumular expedientes para consulta de legisladores y fiscales.
El pedido fue impulsado por el diputado de Protectora, José Luis Ramón, quien cuestionó la solidez de las pruebas presentadas en el expediente y aseguró que el conflicto entre Fecovita e Iberte responde a un litigio comercial, más que a un hecho delictivo. En declaraciones a la prensa, Ramón señaló que existen inconsistencias en la actuación del Ministerio Público Fiscal.
¿Presión empresarial en la Justicia?
Para el diutado provincial, la imputación podría responder a una presión empresarial sobre los fiscales. Además, advirtió que, de comprobarse irregularidades, se podría solicitar una investigación al Jury de Enjuiciamiento, órgano encargado de evaluar el desempeño de jueces y fiscales en la provincia. Dicho organismo está conformado por legisladores de distintas bancadas y los ministros de la Corte Provincial, con la facultad de sancionar o destituir magistrados en caso de mal desempeño.
El pedido de información recibió el respaldo de diversos sectores políticos en la comisión de Derechos y Garantías, incluidos representantes de la UCR, el PJ y bloques independientes. Sin embargo, desde el radicalismo remarcaron que su apoyo no implica un juicio previo sobre la labor de los fiscales, sino el reconocimiento de un procedimiento válido de consulta. En la misma línea, el justicialismo aseguró que el respaldo al requerimiento no significa adhesión a las sospechas planteadas por Ramón.
La imputación a directivos de Fecovita
El pedido de información surgió luego de que Rubén Panella, Jorge Irañeta y Juan Ángel Rodríguez, actuales directivos de Fecovita, junto al expresidente Eduardo Sancho, fueran imputados por presunta estafa en la Fiscalía Nº 7 de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.
La causa está vinculada a la disputa legal entre Fecovita e Iberte, empresa del empresario español Juan José Retamero, quien ha interpuesto varias denuncias tanto en el ámbito comercial como en el penal. Ambas firmas habían formado la sociedad exportadora Evisa para comercializar vinos y mostos en Europa del Este, pero las diferencias entre los socios derivaron en una intensa batalla judicial.
Carlos Aguinaga, abogado de Iberte, celebró la imputación y destacó que la Justicia de Mendoza demuestra así su intención de investigar a sectores poderosos. No obstante, desde Fecovita cuestionaron la medida, recusaron al fiscal Tichelli y manifestaron dudas sobre la imparcialidad del proceso. En un comunicado, la federación criticó la insistencia de los fiscales en sostener la imputación a pesar de lo que consideran evidencia en contra.
Por su parte, el presidente de Fecovita, Rubén Panella, denunció supuestas irregularidades en el proceso y alertó sobre el impacto comercial de las medidas judiciales. Según señaló, la prohibición de salida del país impuesta a los directivos de la federación podría afectar la firma de acuerdos internacionales.
Respaldo a Fecovita
El diputado José Luis Ramón defendió públicamente a la cooperativa y cuestionó el accionar de la Fiscalía. Aseguró que la causa principal es un conflicto comercial entre Fecovita e Iberte que se tramita en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que, al no avanzar en esa instancia, Retamero recurre a la vía penal para ejercer presión.
Según el legislador, las acusaciones afectan a más de 5.000 productores mendocinos y debilitan la estructura de la federación. Destacó que las 29 cooperativas que integran Fecovita han aprobado sus balances anuales sin objeciones y que una supervisión realizada por la Comisión de Derechos y Garantías no detectó irregularidades en la administración de la entidad. "Todo esto deja muchas dudas sobre el proceder del Ministerio Público Fiscal", concluyó.
