La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, que preside José Luis Ramón (CyC), recibió a representantes de Fecovita quienes renovaron y ampliaron el reclamo que hicieran en su momento en esta comisión y a la que le solicitaron intervención.
Los planteos están relacionados a las acusaciones de estafa por parte de la empresa española Evisa contra los directivos de la entidad, y a la decisión de la justicia que ordenó el desarchivo de la causa, la cual había sido archivada en noviembre de 2023, según relataron los directivos de la Federación ante los legisladores integrantes de la comisión.
Participaron del encuentro el presidente de Fecovita, Rubén Panela, y los integrantes de la comisión directiva Marcelo Federicci, Juan Rodríguez y demás productores asociados que se hicieron presentes en la sala.
Ramón pidió que se explayaran sobre los reclamos e indicó que “tiene tratamiento por la importancia de la empresa en Mendoza. Hay acuerdo de todas las fuerzas políticas de la Cámara (de Diputados) en seguir este tema”.
En términos generales, desde Fecovita manifestaron que “representamos a más de 5.000 productores, pequeños y medianos, dependen de nuestra actividad. Hay más de 11.000 familias que dependen directamente, empleados de nuestros productores, nuestros propios empleados, empleados de distribuidores, etcétera; por lo que si hacemos la suma de todo, podría estar rondando más de 20.000 familias que están involucradas y a merced de esta batalla legal que consideramos que es extorsiva”.
Sostuvieron que la situación “le produce un daño económico a la empresa, ya que nos ha restringido el acceso al crédito, sobre todo de la banca pública, no de la banca privada, pero ese tiene un mayor costo. Hay costos legales importantes también, y todo esto también es asumido por los productores a través del precio del vino”.
En sí, manifestaron que están en desacuerdo con “el desarchivo de la causa, y porque además se hizo sin aportar nuevas pruebas. Un nuevo fiscal es quien ordena la imputación por estafa”, concluyendo en que “con argumentos que nosotros creemos, consideramos, que tienen graves falencias con respecto a la primera determinación que se hizo ya que incluso no coincide con lo que hace la jueza en el rechazo del pedido de quiebra”.
Al mismo tiempo, indicaron que “Fecovita no es deudora y de ser necesaria una intervención externa, no le corresponde a la Justicia penal, sino al Tribunal Arbitral de Buenos Aires”, para dirimir las diferencias.
A su entender, los reclamos de la entidad “no están siendo escuchados y no se está evaluando correctamente la información, lo que es perjudicial para la institución”. No obstante, señalaron que “los productores han continuado confiando en el sistema y en Fecovita”, que las cooperativas contrataron personal sin problemas, que hubo crecimiento formal, aunque “sufren el daño económico, comercial, por todo este camino engorroso que estamos transitando”.
Respecto de cómo impacta la situación jurídica en el precio del vino, si bien no han podido medirlo, sostuvieron que han tenido un efecto de “descrédito” los productos de Fecovita y sus productores asociados. “Esta situación influye en la vitivinicultura mendocina y argentina. Cambian muchas condiciones. Nos ha traído muchos inconvenientes. Queremos limpiar nuestra imagen y trayectoria”, aseguraron.
Al finalizar, manifestaron que “representamos el 30% de todo el volumen del mercado interno de vino. Si afectan a Fecovita se afecta de manera estructural todo el sector. La crisis puede ser más grande de lo que se ve”, concluyeron.
Desde la comisión aceptaron la incorporación de más documentación que los denunciantes aportaron en esta reunión y definieron que no será seguramente el último encuentro para abordar estos temas. Asimismo, acordaron un pedido de mayor información al Ministerio Público Fiscal sobre el expediente judicial radicado en la Fiscalía de Delitos Económicos N°7.
