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La Justicia imputó a directivos de Fecovita

La Unidad de Delitos Económicos imputó a varios directivos de Fecovita.

Redacción
03/10/2023 23:29
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El titular de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Flavio D´Amore, imputó a 7 miembros de Fecovita por balances falsos. Se trata de Eduardo Sancho, Marcelo Federici, Rubén Panella, Jorge David Irañeta, Eugenio Portera, Roberto Vázquez e Hilda de Vaieretti.

El delito por el cual ahora están bajo investigación es el de autorización, certificación y publicación de balances falsos. El fiscal les concedió el mantenimiento de la libertad y exigirá cumplir reglas de conducta.

Investigan, "la omisión de consignar estas circunstancias relevantes, distorsionó el conocimiento de la situación patrimonial, económica y financiera real de FECOVITA, ocultando a sus asociados, acreedores y posibles terceros interesados, incumpliendo a su vez mediante dicho accionar el deber de veracidad informativa a su cargo".

Se tiene en cuenta, entre otra documentación, las memorias y balances número 42, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, y número 43, correspondiente al ejercicio económico que va desde el 1 de enero del 2022 al 31 de diciembre del 2022".

En el primer caso, las autoridades de Fecotiva fueron Eduardo Sancho, presidente; Rubén Panella, secretario y Jorge David Irañeta, tesorero. En el otro, actuaron Rubén Panella como presidente, Marcelo Federici como secretario Jorge David Irañeta como tesorero.

Según se conoció de fuentes judiciales, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, Fiscalía a cargo del Dr. Flavio D’amore, acusó a directivos y síndicos de Fecovita de fraguar los balances y estados contables de la Federación correspondientes a los años 2021 y 2022 con el objeto de esconder su verdadero estado patrimonial.

Desde la empresa rechazaron la imputación. “La justicia ha tomado esta resolución basada en información sólo aportada por el denunciante y sin nuestra participación”, señalaron.

La empresa nuclea a 29 cooperativas de productores y alrededor de 5.000 viñateros vinculados se puso a disposición de las autoridades judiciales.

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