Después del primer revés contra la subida de tarifas en los servicios de medicina prepaga, habilitada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, líderes de la Coalición Cívica afines a Elisa Carrió presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
El objetivo de la denuncia es señalar a las empresas de medicina prepaga que forman parte de la Unión Argentina de Salud (UAS), presidida por Claudio Belocopitt, por su presunta participación en prácticas cartelizadoras. Se acusa a estas empresas de coordinar incrementos de precios tanto para los usuarios como para los proveedores de manera conjunta.
Los legisladores opositores Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Ruben Manzi y Facundo Del Gaiso expresaron su indignación ante el anuncio de un aumento conjunto, considerándolo no solo ilegal, sino también perjudicial para los afiliados. Criticaron especialmente la disposición de perder un 30% de afiliados, señalando que esta medida afectaría especialmente a aquellos con enfermedades crónicas, en tratamiento costoso o jubilados, quienes no pueden cambiar fácilmente de plan de medicina prepaga.
Para la Coalición Cívica, la situación actual va más allá de la simple competencia, caracterizándola como un abuso evidente. Además de presentar la denuncia, los líderes proponen un debate sobre la regulación necesaria para garantizar una competencia real y evitar que las personas pierdan cobertura. Sugieren que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) pueda ofrecer medidas procompetitivas basadas en criterios técnicos.
En la denuncia, se destaca que los aumentos registrados fueron del 40% en enero y del 30% en febrero, presentados como resultado de un acuerdo en la cámara que agrupa a estas empresas: la UAS, presidida por Claudio Belocopitt.
La denuncia ante la CNDC se centra en los acuerdos presuntamente establecidos entre competidores para coordinar incrementos de precios, perjudicando a los usuarios de servicios de medicina prepaga. También se señala una posible cartelización que afecta a los proveedores, al pactar aumentos tanto para los planes como para los servicios médicos y farmacéuticos.
Los legisladores de la Coalición Cívica fundamentan su denuncia en la ley de defensa de la competencia, destacando el incumplimiento del artículo 2, inciso a), que prohíbe acuerdos entre competidores para fijar precios en el mercado. Consideran que la coordinación de precios anunciada por Claudio Belocopitt es una actividad ilícita.
Los líderes de la Coalición Cívica también proponen medidas adicionales, como reforzar los controles estatales, garantizar la portabilidad efectiva de prestaciones, y mejorar la información al usuario sobre los planes de salud y los precios de la competencia.
La presentación de la denuncia ocurre después de una medida cautelar que ordenó a la Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires ajustar las cuotas de su plan de salud. Esta decisión afecta únicamente a la demandante, una afiliada de 78 años, y deja sin efecto los aumentos aplicados según el DNU 70/23 del Gobierno nacional, que desreguló el sistema de salud prepago.