Ayelén Mazzina: “La respuesta a la violencia política tiene que ser un consenso democrático irrevocable”

Violencia política en América Latina

América Latina ha experimentado importantes avances en la consolidación de regímenes democráticos en las últimas cuatro décadas, dando pasos sustantivos en materia de fortalecimiento institucional y participación ciudadana. La región se encuentra a la vanguardia de la representación de mujeres en toda su diversidad, que se refleja en sustanciales avances normativos: 19 países cuentan con medidas de acción positiva como cuotas o leyes de paridad. Pese a estos avances, no logran eludir las históricas desigualdades ni cerrar la brecha entre la igualdad de género. Transitando la segunda década del siglo XXI, el promedio de participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones en el ámbito público de la región se sitúa en torno al 30 % -excepto en el caso de los municipios, cuya cifra que no llega al 16 %-.

Al analizar los obstáculos estructurales que limitan la participación de mujeres y LGBTI+ en la vida pública, la violencia política basada en género se destaca en forma notable. La persistencia de la violencia política basada en género repercute tanto en los derechos individuales de las mujeres y LGBTI+ como en el conjunto social, al socavar las posibilidades de participación plural y equitativa de todas las personas.

Asimismo, condiciona el espacio público, privando a la ciudadanía de la posibilidad de acceder a voces diversas en sus opciones de representación. Tal violencia, que se expresa en acciones como amenazas, hostigamiento, intimidación, agresión física o sexual, difamación entre otras, ha encontrado en los últimos años un “canal privilegiado” de manifestación en los entornos virtuales. De tal suerte, resulta imperioso alcanzar y profundizar consensos que garanticen condiciones para la plena participación de todas las personas en el espacio público, en particular en contextos electorales, como parte de una estrategia integral de fortalecimiento, consolidación y avances de las democracias. Sin la plena participación de mujeres y LGBTI+ en la vida pública, tal fortalecimiento no será posible.

Por el MMGyD también estuvieron presentes la titular de la Unidad de Gabinete de Asesoras, Érica Laporte; la secretaría de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly Neila; la subsecretaria de Políticas de Igualdad, Lucía Cirmi Obón; la subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad, Julieta González Salinas; la directora de Articulación Integral de Políticas de Cuidado, Sofía Véliz; el director nacional de Políticas de Cuidado, Leandro Bleger; la directora de Articulación Territorial para la Asistencia y Atención a las Víctimas, Sibila Botti; la directora de Programas Integrales de Prevención, Melina Merelo; la directora nacional de Articulación de Políticas Integrales de Igualdad, Marcela Cortiellas; la directora nacional de Políticas Culturales para la Igualdad de Géneros, Graciela Santos; y la directora nacional de Políticas de Prevención de las Violencias por Razones de Género, María del Valle Aguilar.

Además, estuvieron presentes la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Cecilia Gómez Miranda; la directora de Programas de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Daniela Uribarri; la co-directora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Celeste Fernández; la periodista y co-autora del informe presentado, Ingrid Beck; la directora de la Licenciatura en Economía de la UMET, Mercedes D’Alessandro; y la integrante de la Comisión de Equidad de Género del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de Cancellería, Mabel Bianco; entre otras autoridades y referentas.