La semana pasada, en este mismo espacio, advertíamos que Rodolfo Suarez estaba frente a una bomba inflacionaria que debía desactivar en la reapertura de paritarias con los gremios estatales. Una tarea difícil y arriesgada que tuvo una contundente señal de agravamiento.
Es que la multitudinaria movilización de los docentes mendocinos, así como el índice de acatamiento del paro no sólo en las escuelas, sino también en hospitales y centros de salud configuran un claro mensaje del clima social que registran los empleados públicos y los mendocinos en general, y que está directamente relacionado con la pérdida de poder adquisitivo de sus salarios, aniquilados por una inflación feroz. Así como por la inestabilidad política que el Gobierno nacional ofrece a diario, con escasas condiciones para una mejora en el corto plazo.
Este sacudón de protesta, que logró sortear ese dique de contención que en las escuelas y en años anteriores había sido el Ítem Aula (así como otros descuentos similares en los distintos regímenes), también superó las expectativas de la dirigencia sindical, que intentó capitalizar ese descontento aunque ello no sea tan lineal. Más que en plan de lucha gremial la gente se manifestó en defensa de su propia subsistencia.
Miles de personas en las calles corporizaron una queja más profunda y casi desesperada de quienes cobran -en promedio- por un trabajo en blanco, antes prestigioso y reconocido como la docencia, un haber muy por debajo de la canasta básica total. Es decir, son pobres.
Pobres en el concepto de la nueva pobreza estructural argentina que no sólo incluye a indigentes y desempleados como fue históricamente, sino también a personas capacitadas y con trabajo estable, como maestros y enfermeros, pero además muchos otros de diversos oficios y profesiones, algo que también sucede en el ámbito privado. Allí está la explicación a ese estado de hartazgo masivo al que no le importó un descuento más que pudiera agravar un bono de sueldo ya de por sí famélico.
Lo cierto es que las imágenes impactantes de la protesta envalentonaron a otros gremios como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y complicaron la negociación salarial en marcha y a la que el propio gobernador debió salir en auxilio al asegurar que comprendía “la naturaleza del reclamo” y que estaba dispuesto a realizar “un esfuerzo sensible” para recomponer los salarios públicos, pero sin dañar “la sostenibilidad del Estado”.
Esa intervención de Suarez pareció destinada a corregir la estrategia inicial del oficialismo que lejos de esa empatía que el mandatario mostró en Twitter, había atacado a los gremios y a la oportunidad del paro. Un argumento innecesario frente a los continuos desbarajustes económicos que provienen de la Nación y que -en gran medida- son los responsables de la licuación de los bolsillos argentinos. Pero no se apuntó allí en Casa de Gobierno, sino en las razones de los que marcharon.
Hacia fines de marzo de este año el Ministerio de Hacienda anunció que tras el cierre del ejercicio 2021 la Provincia había logrado un superávit de 27 mil millones de pesos que sin embargo, rápidamente, se aclaró no iban a ser destinados a la mejora de los salarios públicos como una decisión política de la racionalidad del Estado que Suarez siempre pregonó.
Sin embargo, por estos días, ese precepto parece estar puesto en discusión más que como una regla de la administración financiera eficiente, como una urgencia política para resolver el estado de incertidumbre e inestabilidad que se instaló en Mendoza en estos días. Ello, tal vez, en perjuicio de la obra pública a la que ese dinero estaba originalmente destinado, además de un “colchón” ante posibles tormentas; pero que en este caso, y dado el contexto extraordinario, bien podría ser el reaseguro de una paz social que en esta semana se vio amenazada.