El pedido fue realizado por los jueces Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez al presidente del Máximo Tribunal, Dalmiro Garay.
Tres jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza pidieron hoy al presidente del tribunal, Dalmiro Garay, revisar cómo actuó y qué papel jugó el Poder Judicial de esta provincia en los años de la última dictadura cívico-militar.
Los ministros del máximo tribunal mendocino, Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gomez, pidieron en un documento la creación de una “Comisión de estudio interdisciplinaria por la Memoria y Transparencia de los actos y prácticas del Poder Judicial de Mendoza en el contexto de las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en el contexto de la dictadura cívico militar”.
“Ya se tomó como política de Estado el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y desde los estamentos más altos que son la Junta, el Ejecutivo, y la Justicia Federal. Ahora es el momento de empezar a reflexionar no solo desde la justicia, como lo estamos planteando ahora, sino el resto de las instituciones de las provincias sobre el rol que tuvieron durante la dictadura”, explicó Adaro en diálogo con Télam.
En el pedido presentado hoy, los jueces proponen “analizar tanto los actos como las prácticas que se llevaron adelante por las dependencias de este Poder Judicial” en los años del terrorismo de Estado.
El objetivo, según explicó Adaro, es poner a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación con asiento en Mendoza toda información que pudiere ser relevante en el marco del proceso de verdad y justicia perseguido mediante los juicios y las consecuentes atribuciones de responsabilidad penal a las personas involucradas”.
Ante un nuevo aniversario “de la fecha en que se consumó el inicio de una de las etapas más oscuras de nuestra historia nacional es oportuno contribuir al proceso de Memoria, Verdad y Justicia asumiendo la responsabilidad de investigar el rol que desempeñó el Poder Judicial provincial”, señalaron en el pedido.
Para la futura coordinación de la misma, se solicitó estén a cargo los ministros Palermo, Adaro y Gomez y designar a la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia como el organismo técnico responsable de la ejecución del proyecto.