Por Luis Abrego, Especial para Jornada.
Los títulos periodísticos se han encargado de resaltar en estos días que la pobreza cerró el año pasado afectando a 17 millones de argentinos, en un porcentaje preciso del 37,3% y que la indigencia llegó al 8,2%.
Y si bien ese 37,3% supone una leve disminución después de la abrupta caída de la actividad y el empleo generado por la pandemia en 2020, cuando trepó incluso al 40,6% del segundo semestre y del 42% con el que terminó ese año, los números están por encima de lo registrado en 2019, antes de la pandemia, lo que no deja de ser otro cachetazo violento, pues no hemos podido recuperar aquellos indicadores -ya durísimos- previos a la irrupción global del Coronavirus.
Pero lo que es también cierto -y doloroso- es que en nuestro país, más de la mitad de los chicos y chicas menores y adolescentes en un rango etario de 0 a 14 años son pobres: así lo indica el 51,4% que se publica. Otra absurda realidad que debería hacer replantear no sólo todo el universo de prioridades de la dirigencia, sino también, el mismo sistema político hasta ahora incapaz de generar para el sector más joven de su población una mínima ilusión de futuro.
Lamentablemente, nuestra región de Cuyo tampoco ofrece un panorama alentador ya que aquí el 42,7% del conglomerado que reúne a las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis exhibe el índice más alto del país, superando incluso al siempre postergado Noroeste que alcanzó un 39,4% en la medición.
Más preciso aún en el análisis, Mendoza también está al tope de los conglomerados urbanos que en toda la Argentina registran un índice de pobreza más severo, ya que junto con el Gran San Luis, el Gran Mendoza es uno de los núcleos que detallan mayor cantidad de pobres, incluso creciendo respecto de mediciones anteriores, lo que contrasta con otros centros poblados como el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba o el Gran Santa Fe, donde además disminuyó comparado con datos anteriores.
Específicamente, el Gran Mendoza estableció un incremento de su pobreza del 0,9%, lo que significa que un 44,6% de su población es pobre, algo así como más de 462 mil mendocinos; un fenómeno que también se replica en cuanto al crecimiento de la indigencia que alcanza a más de 74 mil personas.
Esta realidad nos debería generar algo más que repudio, y ser capaz de replantear estructuras y comportamientos que sólo han impedido el desarrollo productivo en Mendoza (vía la voracidad impositiva o la traba al desarrollo de actividades como la minería); que ha casi paralizado las inversiones y la generación de empleo; que ha instaurado una inflación crónica que no hace más que limar expectativas y licuar el poder adquisitivo de los salarios; que ha instaurado como única herramienta para el desempleo un entramado de planes sociales sin los cuales la situación sería más crítica, pero de la que hoy es muy difícil salir y que ha asegurado como una constante el incremento del déficit fiscal y la emisión para financiarlo.
Así, empobrecidos de ideas, pero también limitados en nuestros horizontes, urge el despliegue de políticas activas, pero también la decisión de asumir definitivamente que la pobreza está consolidada en esta sociedad que siempre se consideró a sí misma como una provincia rica y que en todo caso, no habrá solución mágica. Mucho menos milagrosa para tanto daño acumulado y no resuelto. Pobre Mendoza.