En el contexto del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno argentino se comprometió a implementar una revisión profunda del sistema previsional, aunque optó por postergar el proyecto hasta diciembre de 2026.
La decisión responde a dos factores principales: la complejidad técnica que conlleva reformar un sistema jubilatorio fragmentado, y la intención de evitar el tratamiento legislativo en un año electoral, confiando en una futura conformación parlamentaria más alineada políticamente, luego de las elecciones de octubre.
Según el reporte técnico del FMI, Argentina deberá avanzar hacia un esquema más equitativo y sustentable, mejorando la relación entre los aportes y los beneficios y fomentando una mayor formalización del empleo. La reforma es vista como un elemento crucial para sostener el ancla fiscal del acuerdo bajo el programa de facilidades extendidas.
Este rediseño previsional se integra en una estrategia más amplia de reformas, que también contempla modificaciones en el esquema impositivo y en el sistema de coparticipación federal, con el objetivo de coordinar mejor los incentivos fiscales entre Nación y provincias. Para lograrlo, el FMI señaló que será necesario construir consensos políticos amplios y contar con asistencia técnica externa, debido a la actual capacidad limitada del aparato estatal.
Un paso previo en esta dirección fue la eliminación, en marzo pasado, del acceso a la jubilación a través de moratorias previsionales. En el informe presentado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, ante el Congreso, se argumentó que estos mecanismos perdieron su carácter transitorio y terminaron impactando negativamente en la sustentabilidad del sistema. “La seguridad social se refuerza con más trabajo registrado y crecimiento económico, no con medidas excepcionales”, se explicó en el documento.
Las cifras oficiales respaldan este diagnóstico: más del 54,6% de los beneficios previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) fueron otorgados por moratoria. El 74% de quienes accedieron por esa vía son mujeres. Para diciembre de 2024, el costo mensual del Estado en estos beneficios alcanzaba casi 1,4 billones de pesos, lo que representa el 2,57% del Producto Bruto Interno (PBI).