Senadores de la Nación de la Unión Cívica Radical, UCR, encabezados por el jefe del bloque, Eduardo Vischi, presentaron un proyecto que propone modificar la Ley 26.122 de 2006, que reglamenta el trámite legislativo que tienen los decretos de necesidad y urgencia, facultades delegadas y reglamentación de leyes.
Entre los principales cambios, la iniciativa establece que, para ser avalados, los decretos deben ser aprobados por mayoría absoluta en ambas cámaras. Actualmente, para que un DNU quede en pie basta con el voto positivo de una cámara, mientras que para el rechazo debe ser votado negativamente en ambas.
El texto también indica el momento desde el cual comienzan a regir sus efectos en caso de aprobarse o rechazarse e imposibilita que aborden más de una materia.
“Los DNU, previstos en nuestra Constitución Nacional, son una herramienta de la que pueden disponer los mandatarios en tiempos excepcionales, cuando el camino legislativo no es una opción debido a que el Congreso no está en funcionamiento”, recordaron los radicales.
Sobre la Ley 26.122, sancionada durante el kirchnerismo, observaron que “abrió una puerta a la discrecionalidad, transformando a esos decretos en un atajo para sortear al Poder Legislativo, cerrar el debate y permitir al presidente de turno legislar a sus anchas”.
“Hoy el Congreso, tras años de cerrazón, se encuentra en pleno funcionamiento, trabajando desde el inicio del año y con ánimo de aportar a los cambios que los argentinos exigen y la Argentina necesita. En este resurgir legislativo, la UCR ha sido y seguirá siendo protagonista y garante del tratamiento de todos y cada uno de los temas”, sostuvieron.
Desde el bloque de la UCR, que mostró división sobre el mega DNU 70/23 de Javier Milei, aunque la mayoría de la bancada lo votó a favor, remarcaron que trabajarán “algunas veces acompañando, otras para proponer modificaciones, pero también para disentir. Siempre para trabajar y ofrecer nuestro punto de vista, desde el convencimiento de que la pluralidad de voces redundará en mejores proyectos y leyes”.
“Es así que esta iniciativa busca minimizar los grises en torno a los decretos, brindar certidumbre sobre los procedimientos que los regulan y fortalecer, finalmente, la calidad democrática de nuestro país”, finalizaron.
El proyecto prevé una ampliación en la cantidad de miembros de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, pasando de 16 a 24; y obliga al jefe de Gabinete a asistir a la comisión.
A su vez, establece la convocatoria automática a sesiones extraordinarias o, en período ordinario, a una sesión, para el tratamiento del decreto.
También fija la imposibilidad al Poder Ejecutivo de vetar el rechazo de un decreto, de delegarse facultades en un DNU y de dictar un nuevo decreto si no se remueven las causales de rechazo por parte del Congreso.