El gobierno nacional, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, comunicó la disolución definitiva de la ex Ciccone Calcográfica, empresa envuelta en uno de los episodios de corrupción más resonantes de las últimas décadas. La noticia fue dada a conocer durante la tradicional conferencia de prensa, donde Adorni criticó fuertemente las gestiones anteriores y reveló cifras alarmantes sobre el estado financiero de la compañía.
"Estamos hablando de una imprenta estatal que arrastra ineficiencias desde hace años. Imprime billetes, pasaportes, patentes y estampillas, pero su mal manejo ha dejado una deuda de 371 millones de dólares, un patrimonio negativo de 78 millones y un resultado bruto que supera los 20,5 millones en pérdidas", señaló el portavoz. Estas cifras, según detalló, son el reflejo de la mala administración heredada de las gestiones kirchneristas, agravadas por decisiones desacertadas como la negativa a emitir billetes de mayor denominación desde 2020, lo que forzó al país a gastar 4.700 millones de dólares en la importación de papel moneda.
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La ex Ciccone, que fuera adquirida por el ex vicepresidente Amado Boudou en el marco de un entramado de maniobras ilícitas, se había convertido en el proveedor de papel moneda y otros documentos oficiales para el Estado. Sin embargo, este capítulo terminó de manera escandalosa en 2018, cuando Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su función pública.
Adorni no escatimó críticas a la gestión actual y anterior del partido Unión por la Patria, señalando que la imprenta estatal llegó a tener 1.300 empleados, de los cuales 211 fueron contratados en los últimos años sin una clara justificación. Además, apuntó a gastos desmedidos en el jardín infantil "La Monedita", que, según él, funcionaba con un presupuesto de 1,2 millones de pesos por niño, con una plantilla de 31 personas para solo 60 niños, lo que representa casi dos empleados por cada menor. El servicio médico asociado tampoco escapó al escrutinio del vocero, quien afirmó que el gasto anual en ese rubro alcanzaba los 370 mil dólares, un aumento significativo en comparación con años anteriores.
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"En una Argentina que ya no necesita imprimir billetes para financiar a la política, mantener este despilfarro es un absurdo. La readecuación de la Casa de Moneda es una medida necesaria, el último clavo en el ataúd de una era inflacionaria que ha castigado a todos los argentinos", concluyó Adorni, dejando en claro que la eliminación de estas estructuras ineficientes es un paso crucial hacia la recuperación económica.
Con este anuncio, el Gobierno cierra un ciclo de corrupción y desmanejo financiero, mientras intenta proyectar una imagen de austeridad y eficiencia en medio de una crisis inflacionaria sin precedentes.