Un fiscal federal ha presentado una denuncia contra el ex presidente argentino Alberto Fernández y ex directores de la Agencia Nacional de Discapacidad, acusándolos de flexibilizar el proceso de otorgamiento de pensiones por invalidez. Durante el período comprendido entre 2020 y 2023, se otorgaron cerca de 300 mil beneficios, generando controversia y cuestionamientos sobre la gestión de este tipo de ayudas en el país.
En su presentación, el fiscal alega que las autoridades mencionadas habrían facilitado el acceso a las pensiones por invalidez de manera irregular, inflando significativamente el número de beneficiarios en un corto lapso de tiempo. Esta situación ha despertado críticas y dudas respecto a la transparencia y el criterio aplicado en la evaluación de las solicitudes.
Se espera que la denuncia desencadene una investigación exhaustiva para determinar si hubo irregularidades en el proceso de asignación de pensiones durante la administración de Alberto Fernández.
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Según la investigación de Marijuán, en ese periodo se otorgaron casi 300 mil nuevos beneficios “lo cual reflejó un crecimiento exponencial en la concesión de aquellos de más del 1500%, pues de 79.581 casos asignados en el año 2003 se habría ascendido a 1.222.882 prestaciones conferidas en la actualidad”.
La primera norma apuntada es la resolución 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020, que “avaló el inicio del trámite para acceder al beneficio en cuestión aun cuando no se acompañe el Certificado Médico Oficial y modificó los parámetros para la determinación del estado socio-económico y de vulnerabilidad de las peticiones atinentes para el otorgamiento, denegación, suspensión y caducidad de las pensiones señaladas”.
Hasta ese momento, el beneficiario no tenía que ser propietario de un inmueble cuyo valor supere el equivalente a más de 400 jubilaciones mínimas o un auto de más de 30 jubilaciones mínimas. La resolución de 2020 quitó el tope máximo de los inmuebles y permitió que el solicitante sea considerado vulnerable si tenía un vehículo con una antigüedad de mas de diez años.
Alberto Fernández encabeza la lista de funcionarios denunciados por esa maniobra, encuadrada bajo el delito de defraudación a la administración pública. “El ex Presidente de la Nación y los sucesivos funcionarios a cargo del ANDIS dictaron normas que inexplicablemente llevaron a eliminar la condición de inválido como requisito de este beneficio que justamente es la pensión por invalidez, de este modo se obsequiaron prestaciones con dinero público para llegar a manos de personas que no reunían los requisitos legales. Con este acomodamiento normativo solo se buscó una gratuidad popular”, sostuvo Marijuán.
No solo aumentó el número de pensiones, sino que se detectaron irregularidades graves como certificados acompañados por radiografías de animales o poemas como estudios complementarios.