Luego de que el juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, resolvió que las personas privadas de su libertad dejen de tener teléfonos celulares en las cárceles de Mendoza, la iniciativa se direccionó por el lado polémico debido a que dicha medida se aplicará de forma gradual sin darle prioridad al problema de inseguridad. La resolución del juez Penal considera que el Servicio Penitenciario garantice teléfonos públicos.
La reglamentación dispuesta por el magistrado también dispone que las presas mujeres sean las únicas que continúen con dicho beneficio, para facilitarles la comunicación con sus hijos.
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Es importante resaltar, que la decisión se dispuso en el 2020 a raíz del aislamiento social preventivo por la pandemia del coronavirus. En este sentido, el Procurador de las Personas Privadas de Libertad, Luis Romero, explicó en el programa de "Tenés que Saberlo", que se está solicitando la prórroga de la medida con el fin de buscarle una solución al problema, pero sin dejar incomunicados a los presos en los penales.
"La medida que se está solicitando a la justicia de ejecución es que prorrogué en consonancia con el decreto del presidente, porque en el artículo primero vuelve a poner en emergencia a una serie de áreas, incluida la sanitaria", esbozó.
Y aclaró, "es por ese motivo por el cual hay una posibilidad de que pueda prorrogarse el uso del celular que fue autorizado en el marco de la pandemia del Covid-19".
"Hoy nos encontramos con otra realidad y es que ya no está la pandemia declarada, pero todavía hay casos a diario y lo cierto es que la emergencia fue solicitada en ese decreto de necesidad y urgencia del Gobierno, y en ese marco es que se vuelve a pedir la prórroga mientras dure la emergencia sanitaria", dijo a Radio Jornada.
A su vez, el defensor de los presos de Mendoza, ratificó que el juez Sarmiento "ya resolvió que hay que retirar los celulares de los complejos penales". Pero con la condición de que se puedan retirar a partir de la colocación de teléfonos públicos en cada sector de las cárceles para garantizar la comunicación.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló esta decisión y consideró que el magistrado se a extralimitado al poner condiciones al cumplimiento de una ley provincial.
Romero, también explicó que a partir de la apelación surgió un "conflicto" que ahora tiene que resolver un juez de segunda instancia, pero antes se tiene que resolver quién será el juez o jueza para que luego dicte una resolución.
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En la actualidad, en Mendoza hay 4200 celulares ingresados y autorizados en las cárceles de la provincia. Sin embargo, para que esto sea posible, las personas privadas de su libertad tienen que cumplir una serie de requisitos que son obligatorios. Con respecto a causas por hechos delictivos, Romero confirmó que hay 160 causas que se están investigando y otras ya tienen veredicto
Por último, el defensor de los presos afirmó que en Mendoza hay más 6.000 personas en los complejos penales y cerca de 700 personas con prisión domiciliaria.