Allá por enero de este año, Mendoza fue noticia en el país, luego de que el juez Sebastián Sarmiento resolvió la quita de celulares a presos de la provincia. Además, dispuso que las mujeres privadas de su libertad sean las únicas que seguirán con dicho beneficio, para facilitarles la comunicación con sus hijos.
Sin embargo, después de ocho meses esta medida sigue sin entrar en vigencia, sucede que hay posturas a favor y en contra del uso de teléfono celulares en las cárceles.
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En la mañana de este lunes, en una audiencia de apelación, presidida por la ministra de la Corte Teresa Day, acompañada por los jueces Dalmiro Garay y José Valerio, escucharon a los defensores públicos, integrantes de la Asociación civil Verdad y Justicia de Mendoza, y el Ministerio Público Fiscal manifestaron su postura sobre el fallo de Sarmiento.
En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia ordenó diferentes informes luego de escuchar a las partes y dictó un cuarto intermedio hasta el próximo 7 de octubre, cuando se espera una definición por la permanencia o prohibición de celulares a presos.
Por su parte, la defensa pide que se extienda la autorización de los dispositivos hasta diciembre de 2025, basándose en el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei que prorrogó la emergencia sanitaria.
Cabe aclarar, que el pasado 31 de diciembre dejó de regir uno de los decretos firmados por el expresidente Alberto Fernández durante la pandemia de COVID-19, que autorizaba la tenencia de teléfonos celulares dentro de los penales a raíz del aislamiento social que impidió a los internos la recepción de visitas.