Esta semana el Gobierno provincial celebró el demorado acuerdo con los médicos anestesistas, que a priori, le permitía despejar el escenario de conflictividad que se había desatado en el sector salud, lo cual incluso obligó a la sanción exprés de una ley de emergencia que tensionó mucho más el panorama y que no había logrado restablecer el cronograma de cirugías atrasadas por la protesta.
Entre las concesiones otorgadas que permitieron el acuerdo, están la posibilidad de formar más profesionales en el Sur provincial, el pago de un ítem por productividad con el agregado de un turno adicional que permitirá hacer más operaciones, y por ende, que los anestesistas ganen más dinero y a la vez reducir la lista de espera acumulada en estos 100 días. Algo similar ocurrirá con la eliminación de las sanciones previstas para los médicos rebeldes.
La escalada había llegado incluso al ámbito internacional con una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, en Estados Unidos donde se denunció que esa ley de emergencia significaba un “trabajo forzado” para los profesionales. Hasta ahí habían llegado las cosas.
El anuncio del acuerdo lo hizo el propio Rodolfo Suarez, en Twitter, buscando capitalizar para su gestión una buena noticia que en algún momento llegó a significar la postergación de casi 3.500 cirugías programadas en toda la provincia por falta de anestesistas. En una puja que además del sistema público también afectó al privado con lo que la dimensión de la solución era proporcional a la magnitud del conflicto.
Sin embargo, el efecto de la buena noticia duró poco, pues otros gremios estatales tomaron nota que la presión y la resistencia de los anestesistas les había dado frutos para conseguir las mejoras que se habían propuesto, y por ello, decidieron ellos también mostrar su malestar para recuperar el terreno perdido que -inflación galopante mediante- todos los salarios están padeciendo.
En esa línea, tanto desde Ampros (gremio que también nuclea a profesionales de la Salud) como ATE y el SUTE, pero también la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se pusieron rápidamente en pie de guerra en busca de reacomodamientos en su poder adquisitivo.
Una situación que el Ejecutivo advierte y reconoce; de hecho, decidió adelantar el pago de una cuota del 5% del acuerdo paritario de comienzos de año y prevista para noviembre para que sea cobrada en el mes de julio, como una manera de paliar el desfasaje en los haberes de los estatales.
Así, las movilizaciones en las calles céntricas y las amenazas de paro volvieron a la agenda, incluso ya poniendo en dudas el retorno a clases después del receso de julio. Específicamente el 26 y 27 de ese mes. Además, las marchas y protestas podrían repetirse la semana próxima en el filo del inicio de las vacaciones de invierno.
Todos los gremios prometen endurecer sus posturas si desde el Gobierno no se plantea una reapertura de paritarias para volver a negociar un acuerdo que ya está cerrado hasta fin de año (con algunas revisiones pendientes) pero que la situación macroeconómica del país, con el dólar desbocado y precios sin control alteraron cualquier previsión posible.
Así, y tras cerrar el conflicto con los anestesiólogos, el Ejecutivo enfrenta ahora la complejidad de un entonado frente estatal que va también por sus propias mejoras, pese a la negativa de Hacienda a derivar el superávit que hoy exhibe la Provincia en aumentos salariales, tal como adelantó el ministro Víctor Fayad (h) hace unos días en la Legislatura.
En un contexto de escasez fiscal generalizada y con alteraciones macroeconómicas tan pronunciadas, hasta un acuerdo produce reacomodamientos en otra dirección. Un delicado equilibrio que deberá Suarez administrar para las finanzas públicas, pero también el reclamo gremial, y principalmente, la paz social de una provincia a las que le caben las generales de la ley de un país siempre al borde del abismo.